Por Hilario Barcelata Chávez/alcalorpolitico.com
Javier Duarte pasará a la historia como el gobernador que más ha endeudado al estado de Veracruz durante su gestión de gobierno. Nunca nadie antes había mostrado esa pronunciada propensión a la deuda pública, y nunca antes se había desarrollado una política de endeudamiento tan insana financieramente, tan insensata económicamente, tan moralmente irresponsable y tan socialmente reprobable.
Durante los cinco años de su gestión, el gobernador Duarte ha contratado 23 créditos por un monto de 39,798 millones de pesos (mdp) (más lo que se acumule este y el próximo año). Esta cantidad equivale a más del doble de deuda contraída por el gobierno de Fidel Herrera que fue de 17,971 mdp; es también nueve veces superior a la “escandalosa” deuda que dejara Miguel Alemán por 3,505 mdp e inmensamente superior al desendeudamiento que logró Patricio Chirinos durante su gestión el cual dejó sin deudas al estado.
La frenética dinámica del endeudamiento estatal es resultado de la cada vez más dramática escasez de recursos que el gobierno actual ha tenido desde muy al principio de su gestión para cumplir con sus compromisos financieros.
Por ello, en diciembre de 2010, a menos de quince días de haber tomado posesión, el gobierno estatal contrató un crédito por 1,500 mdp. Inmediatamente en 2011 se desbocó la avidez de recursos, lo que propició que durante ese año se contrataran seis créditos más, que en conjunto sumaron un monto de 15,577 mdp. En 2012 se aceleró la frenética carrera del endeudamiento y se contrataron ocho créditos por un total de 19,189 mdp. En 2013 se moderó el crecimiento de la deuda y sólo se contrataron tres créditos por un valor total de 2,195 mdp. En 2014 a pesar de la desesperada urgencia de recursos no se solicitaron créditos (y si los hubo no pasaron por la aprobación del congreso y no se registraron en la SHCP).
Sin embargo, durante los primeros meses de 2015 como resultado del caos financiero en el que se encuentra inmerso el gobierno estatal, se contrató un crédito por 1,338 mdp, pero es de esperarse que haya más en lo que resta del año toda vez que la Ley de ingresos del estado contempla un endeudamiento para este año de casi 5,000 mdp.
En total en tan sólo cinco años se han contratado 19 créditos con la banca comercial por un monto total de 35,6334 mdp y tres emisiones de certificados bursátiles colocadas en la Bolsa de Valores por monto de 4,165 mdp lo que hace un total de 39,798 mdp.
Es importante destacar que el gobierno del estado ha señalado como destino de tres de estos créditos el “Refinanciamiento” es decir, pago de deuda ya existente. Estos tres créditos suman un total de 9,600 millones de pesos y deben ser considerados “inconstitucionales” pues fueron contratados contraviniendo la constitución federal (artículo 117º) y la constitución estatal (artículo 73º) que establecen que sólo puede contratarse deuda pública para destinarla a la inversión pública. Es decir, el 24% de los pasivos contratados por el gobierno actual se obtuvieron de manera ilegal.
Asimismo hay que considerar que otros 19 de estos créditos fueron etiquetados para ser utilizados para “Inversión pública productiva”, lo cual significa que debieron destinarse para realizar obra pública, sin embargo esto resulta altamente cuestionable, veamos:
Durante el período 2011-2015 el gobierno del estado realiza un gasto en inversión pública por un monto acumulado de 12,558 mdp, lo cual representa el 42% del total de la deuda contratada para dicho propósito, que fue de 30,198 mdp. Es decir, más de la mitad de la deuda contratada para inversión pública no fue utilizada para ese fin, contraviniendo lo establecido constitucionalmente.
La pregunta que cabe aquí es: ¿en qué se utilizó ese dinero que equivale a un total de 17,641 mdp? ¿Si no se usó para realizar inversión pública, es decir, obra, cuál fue su destino? ¿Por qué Orfis al revisar las cuentas públicas de los últimos cuatro años no hizo ninguna observación al respecto, siendo tan simple el cálculo aritmético que hay que hacer para darse cuenta que la cantidad aplicada a obra pública es menor que la que se solicitó para dicho fin; dicho de otro modo que la cantidad de recursos que el gobierno estatal recibió por la contratación de los créditos para realizar obra pública es mayor a la que efectivamente gastó para ese fin? ¿Por qué los diputados no dijeron, ni han dicho nada sobre este tema? ¿No saben hacer sumas y restas nuestros legisladores? ¿o no revisan la Cuenta Pública, es decir, no revisan lo que aprueban?
La deuda pública de Veracruz requiere una urgente y profunda auditoría para contestar estas y otras preguntas para las que los veracruzanos exigimos respuestas.
Editorial
