Por Salvador Camarena/El Financiero
Quien sea que resulte ganador de la elección en el estado de Veracruz enfrentará una ardua tarea por delante. El triunfador de los comicios del 5 de junio tendrá, desde el primer momento en que pueda decirse próximo gobernador, la obligación de diseñar un esquema mediante el cual haga rendir cuentas al actual gobierno (es un decir) de esa entidad.
Los seis años de pesadilla de Javier Duarte no pueden quedarse en anécdotas ni en denuncias periodísticas ni en diagnósticos en los que fue reprobado por diversas organizaciones de la sociedad civil. Debe haber un juicio puntual, sin excesos, pero sin concesiones de ninguna naturaleza a una administración fallida.
Los veracruzanos merecen saber qué ha ocurrido en su estado durante este sexenio. Saber por ejemplo, qué fue de los 645 millones de pesos que desaparecieron mediante un esquema de constitución de empresas fantasma, caso que revela hoy el portal Animal Político.
El reportero Arturo Ángel presenta en una investigación seriada en tres partes, un detallado recuento sobre cómo durante los años 2012 y 2013 el gobierno de Veracruz firmó 73 contratos para la adquisición de bienes de los cuales no hay registro que se hayan entregado a sus destinatarios.
Esos contratos, detalla Arturo Ángel, se otorgaron a una red de empresas cuyos socios son gente pobre, gente cuya identidad fue usurpada para constituir compañías fantasma que tan rápido como recibieron los fondos estatales desaparecieron sin dejar rastro de sus verdaderos operadores. La investigación, en cuya realización colaboró la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (@MXvsCORRUPCION)*, muestra con documentos y testimoniales las irregularidades en que incurrieron quienes hayan diseñado este esquema fraudulento.
En resumen, las empresas son hechizas, los contratos fueron a modo (siempre licitaron las mismas compañías o fueron adjudicaciones directas), no hay registro de que los productos hayan, en efecto, llegado a la población vulnerable (todos los contratos eran dirigidos a atender a grupos de escasos recursos) y, nada sorpresivo, nadie nunca investigó cómo pudo ocurrir tamaña transa.
El reporteo Arturo Ángel desvela otra coincidencia: en las dependencias locales involucradas en el otorgamiento de esos contratos (SEP, Sedesol, Protección Civil y el DIF) se repiten los nombres de colaboradores cercanos y añejos de Javier Duarte, personajes que incluso se han visto envueltos en otros escándalos sin que nunca hayan realmente pagado por ello. La labor de los periodistas es documentar, como ocurre en este caso, las puntas sueltas y más evidentes de un esquema que no pudo sino ser resultado de una maquinación desde las más altas esferas del gobierno. Dicho de otra manera, si el gobernador no supo que esto ocurría en su entorno más cercano, malo, si sí supo, peor.
Las actuales autoridades tendrán muchas explicaciones que dar. Estamos hablando de 645 millones de pesos, y de contratos cuyo cumplimiento (no se rían) nadie vigiló que ocurriera como era debido. Es mucho dinero y, sin embargo, lo peor es la sensación de que por más importante que sea la revelación de Animal Político, quizás estemos ante sólo uno de los cosas increíbles que se padecieron en el sexenio de Duarte. Las elecciones están a doce días de iniciar. El día después iniciará un largo camino. Los veracruzanos merecen explicaciones sobre esos 645 millones y sobre muchas cosas más.
Ninguna elección debe ser, como ha venido ocurriendo, esa frontera que un gobierno, gane o pierda el candidato del partido en el poder, utiliza como espacio para negociar impunidad.
* Desde marzo colaboro en esta naciente organización, presidida por María Amparo Casar.
Twitter: @SalCamarena
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