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(SPI).- Ex funcionarios de Patrimonio del Estado, catastro y al menos 11 notarios estarían involucrados en el mega fraude cometido hace más de 30 años y que hoy tienen a casi cuatro mil familias del puerto de Veracruz a punto de perder sus viviendas.
De acuerdo con el expediente 918/2015 en el que se lleva el caso de disputa de 32 hectáreas, la red de corrupción permitió que un grupo de hermanos vendiera indebidamente terrenos para trece colonias de la ciudad de Veracruz.
La parte demandante y las familias afectadas, aseguran que se cometió un gran fraude por parte de algunos hermanos Loyo y autoridades de Patrimonio del Estado, donde también estarían involucrados 11 notarios veracruzanos y funcionarios de catastro.
La dueña de más de 36 hectáreas donde se encuentran colonias como la Hidalgo, Prolongación Hidalgo, Vías Férreas, Sector Popular, Reyes Heroles y parte de Chivería es la señora Alicia Loyo Díaz, quien podría obtener la nulidad de los títulos de propiedad que tienen entre 3 mil y 4 mil 200 familias.
Cuando se encontraba en España, algunos de sus hermanos en presunto contubernio con autoridades estatales, lotificaron y vendieron terrenos que no eran de su propiedad.
“La legítima dueña presentó las escrituras ante el Ministerio Público Cuarto, donde ella es la propietaria… No llegaron a un acuerdo con los hermanos y ella se va a un juicio civil, ella demanda a los hermanos, posteriormente a Patrimonio del Estado, a 11 notarios públicos y a las familias que viven ahí”, reveló el presidente de la Unión Proletaria Pro Vivienda Popular, Martín Guzmán Apolonio.
Confirmó que una de las hermanas se había ido a España cuando hicieron todo el movimiento de la compra y venta, sus hermanos falsificaron su firma a la hermana y para el 2005, ella informa que regresa a Veracruz y pidió lo que le pertenecía a ella”, explica el líder de colonia, quien también es uno de los afectados.
Con esfuerzos en los años 80’s, las familias pagaron por los terrenos donde construyeron sus viviendas. En el caso de Apolonio, como lo conocen en el puerto, pagó 150 mil pesos de aquella época para adquirir un lote.
Las familias solicitaron el apoyo del ayuntamiento de Veracruz, por lo que las autoridades de la administración de Ramón Poo ya intervienen en la demanda, sin embargo, no hay respuesta favorable para ninguna de las partes.
La parte demandante está en espera de la solución jurídica, pero también estaría dispuesta a escuchar propuestas políticas, pues saben la dimensión de la afectación al ganar el juicio, pues tendrían que desalojar a miles de familias.
A decir del presidente de la Unión Proletaria Pro Vivienda Popular, la señora Alicia Loyo demanda por el terreno donde se encuentran las cerca de 13 colonias un monto de 208 millones de pesos, es decir cerca de 45 mil pesos por cada lote. “Eso es lo que la propietaria demanda”, dijo.
Por lo pronto, ya contestó Patrimonio del Estado ante el Ministerio Público y perdió el juicio, porque la dependencia no es dueño de los terrenos. Y ahora siguen los juicios en contra de los 11 notarios públicos y el Catastro, pero la demanda sigue…
En esta maraña de corrupción, las verdaderas víctimas, las familias veracruzanas podrían demandar a los hermanos Loyo, quienes vendieron los terrenos sin tener realmente la propiedad.
“Estamos en eso, porque ya hemos consultado a abogados particulares para poder meter demanda y acusarlos como fraude, porque es un fraude que ellos hicieron, vendieron tierras que no eran de ellos, que era de una hermana que tiene todo el poder porque tiene su escritura”, dice Martín Guzmán Apolonio.
Añade que la contra demanda sería interpuesta por todas las familias afectadas, las cuales se han organizado para poder defenderse y mantener sus propiedades donde edificaron sus viviendas.
Lo que es cierto, refrendó, le asiste la razón a la señora Alicia Loyo, quien presentó todas las pruebas, que efectivamente sí es la propietaria, por lo cual se están llevando a cabo todos estos juicios.
“Vamos a esperar unos días para ver si ponemos una contra demanda contra los Loyo, que vendieron y se hicieron pasar como dueños. La iniciarían todas las familias afectadas”.
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