Por Edgar Hernández*/Línea Caliente
¡Van contra la persona, no contra el gobernante!
Fuentes de la PGR aseguran tener listas las carpetas incriminatorias contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte por lavado de dinero, negocios terciados con prestanombres -familia y mamá incluida- y desvíos de dinero público a través de empresas fantasma.
Lo de los 35 mil 400 millones de pesos sin comprobar de parte del gobierno estatal en el sexenio, según denuncias de la Auditoria Superior de la Federación, habrá de continuar, pero será un asunto por resolverse a mediano plazo lo cual llevará al menos un par de años.
Y de lo Duarte urge.
Al ser un tema de disputa política interpartidista –PRI, PAN-, de urgencia por arrebatar a Miguel Angel Yunes Linares -quien se quiere escapar a la presidencial- la bandera anticorrupción, así como garantizar el poder al priismo en el 2018, ya que la sucesión presidencial necesariamente pasará por Veracruz, es que sacar del escenario a Javier Duarte antes del primero de diciembre…
Y consignarlo ante un juez.
El tema es, en efecto, político, de clara justificación sexenal al ser empeño del presidente Enrique Peña Nieto de no transitar como solapador de corruptos, ni protector de Duarte y otros dos gobernadores.
De ahí los desplantes presidenciales y esa persistente filtración de información al diario de circulación de nacional Reforma en donde se ha apoyado el sexenio Peña Nieto y que en los últimos cuatro días ha dedicado sus portadas a denunciar las transas del desacreditado mandatario.
Sobre todo aquella la fincada en el testamento del poderoso empresario Moisés Mansur, quien hereda a Javier Duarte todos sus bienes protocolizando un testamento en el 2006, pretendiendo ocultar que al amparo de la Fidelidad, Duarte como subsecretario de Finanzas gestó negocios multimillonarios y complicidades inconfesables.
Habrá que insistir en los mensajes de Peña Nieto a través del periódico Reforma y el columnista cercano a Los Pinos, Joaquín López-Dóriga, quien días atrás adelanta la inminente licencia de Duarte.
Acaso por ello el propio gobernador veracruzano declara, a modo de queja desesperada, que hasta “a mi mamá la están investigando”, lo cual es cierto.
El error de Duarte fue reconocer el pasado 26 de agosto, que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le realiza una auditoría en sus finanzas –personales no como gobernador- por sus ejercicios fiscales de 2012 a 2104.
Reclama además que la autoridad ha requerido a 44 personas más, incluida su esposa Karime Macías Tubilla y su mamá María Cecilia de Ochoa Guasti, para esclarecer estos hechos, lo cual es cierto.
El propio mandatario se balconea en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, luego de las declaraciones del jefe de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez, que habló de la investigación en su contra por supuestos desvíos de recursos.
Previamente Aristóteles, también en entrevista con Gómez Leyva 48 horas antes, revela que el SAT realiza una auditoría fiscal a cinco gobernadores del país por presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.
Y cita que “entre los mandatarios estatales investigados está el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, así como cinco funcionarios de su gobierno ligados a 34 empresas fantasma, de las cuales sólo tres han presentado sus respectivas declaraciones en pagos”.
“El SAT no audita a gobiernos salvo por lo que hace a retenciones de sueldos y salarios. Son casos separados”, dijo en entrevista con Radio Fórmula.
Casos separados. Esto es, se investiga a Duarte, no al gobernador Duarte, de ahí que éste buscara de urgencia un amparo.
Así, tras la revelación del SAT, Duarte, en charla con el periodista radiofónico revela que, en efecto, sí fue notificado de la investigación apenas la semana pasada y que tiene 15 días para presentar toda la documentación que compruebe su inocencia.
Tendrá que dar respuesta por los negocios personales, de sus socios y prestanombres.
De entrada en lo inmediato son cuatro, no tres, a los que se les confiaron los más jugosos y redituables negocios: Moises Mansur Cysneros, Franky García, José Antonio Bandín Ruiz y Jaime Porres Fernández.
Entre las propiedades de Moisés Mansur, alias el “Moy”, se encuentra el rancho “Las Mesas”, ubicado en Valle de Bravo, Estado de México, el cual tiene un valor aproximado de 200 millones de pesos.
También se sabe que posee otras propiedades como mansiones y departamentos en las exclusivas zonas de Polanco y Las Palmas, en la Ciudad de México.
El Moy es quien le hereda a Duarte más de cien millones de pesos. Entre lo que pasaría a ser propiedad de Duarte de Ochoa está un edificio en Prado Norte 135, en Lomas de Chapultepec; una oficina en Campos Elíseos 71 B, en Polanco, así como un local en Plaza Centro, en Masaryk.
¡Vaya buena suerte!.
Franky García es el socio cañero, prestanombres. Es también su representante ante PEMEX. Se encarga de hacer negocios con los vales de asfalto y combustible. Se le atribuye como propiedad el polémico rancho El Faunito, ubicado en Fortín de las Flores.
Por su parte, Jaime Porres tiene la operación de los puentes “Prieto” en Pánuco y el José López Portillo, en Álamo, grandes negocios que dejan buenas ganancias, por ellos circulan miles de vehículos diariamente.
La lista se agranda.
José Armando Rodríguez Ayache, esposo de Mónica Ghihan Macías Tubilla (cuñada de Duarte) y concuño del gobernador, quien aparece como propietario de un departamento en Torre Pelícano, en Boca del Río, Veracruz. El inmueble está valuado en 10 millones de pesos.
La PGR cuenta con evidencias de un importante número de propiedades que se encuentran ubicadas en diferentes partes de México, Madrid y Bilbao, España, Houston, Miami y Nueva York.
Así, para poder gestar todo este entramado de raterías Duarte encontró ingenuos solapamientos como el caso del director de Catastro y Valuación de Veracruz, Domingo Yorio Saqui, quien mintió a la PGR al rendir su informe sobre las propiedades que poseen personas cercanas al Gobernador Javier Duarte.
Flavino Ríos, hoy llamado el “niegalotodo” también está en el ajo.
Dependiente de la Secretaría de Gobierno que encabeza, la oficina de Yorio, ocultó los datos catastrales de la cuñada de Duarte, Mónica Ghihan Macías Tubilla, y de su concuño, José Armando Rodríguez, señalados en una denuncia penal como prestanombres del Mandatario priista.
Tampoco aportó datos de la dirección de la empresa Azura Sociedades Unidas, ni del apoderado, David Alejandro Osorio Aguirre, también en la mira de la investigación federal.
La PGR requirió a Catastro buscar en sus bases de datos antecedentes catastrales de 69 personas físicas y morales, entre las que destacan además de Duarte, su esposa, Karime Macías Tubilla; su madre, Cecilia de Ochoa Guasti; su hermano Daniel Duarte y su suegra, María Virginia Yazmín Tubilla Letayf.
El caso de doña Cecilia es brutal ya que a ella solo le entregaron las llaves de un departamento que su hijo le compró en Madrid. No supo más.
Yorio Saqui, respondió a la PGR que tampoco registra propiedades de Córsica Alejandra Ramírez Tubilla, Jorge Fernando Ramírez Tubilla, Óscar Aguilar Galindo, José Antonio Chara Mansur Beltrán, Moisés Mansur Cysneros, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Alejandra Ruiz Ocampo, José Antonio Bandin Ruiz, Mónica Babayan Canal y Mario Rosales Mora.
La acreditada columnista Claudia Guerrero describe como “En un cumpleaños de Jaime Porres, quien festejaba en su exclusivo departamento de Miami, recibió de regalo un automóvil Bentley del año, con valor en el mercado por más de $6 millones de pesos y este fue obsequiado por el ocurrente mandatario Estatal, Javier Duarte de Ochoa…”.
De ese tamaño son los entretelones de una tragicomedia que está por llegar a su fin.
La tan cacareada y anhelada solicitud de licencia de Duarte de parte de la federación y millones de veracruzanos, se estima en Los Pinos, habrá de llegar antes del primero de diciembre.
Acaso en breve, una vez que el PRI lo expulse de sus filas por corrupto.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
Editorial
