Por Isabel Zamudio/Cambio Digital
El gobernador evade acusaciones de persecución política.
Boca del Río, Ver.- Luego de que el abogado defensor del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, Marco del Toro, acusó al gobernador de Miguel Ángel Yunes de usar una investigación ilegal para acusarlo sin sustento además de olvidar que la Fiscalía de Veracruz es autónoma y que sus declaraciones han enturbiado las investigaciones, siendo este un asunto de vendettas políticas que no resiste, como se verá, la estricta aplicación del Derecho
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares respondióa a Marco Antonio del Toro que si está preocupado por las medidas cautelares que se han impuesto a excolaboradores de Javier Duarte en Veracruz, debiera venir a defenderlos jurídicamente y no mediante boletines de prensa.
Le dice que espera encontrarlo de frente en los tribunales él defendiendo a uno de los individuos más corruptos de la historia y yo defendiendo los intereses del pueblo de Veracruz.
En el texto difundido de Yunes, el mandatario estatal evade responder los señalamientos de Duarte de Ochoa en la carta en que anunció que había iniciado huelga de hambre y le pregunta al abogado de su antecesor ¿Cuánto le paga Javier Duarte por defenderlo?, ¿Cómo le paga, en efectivo, mediante transferencias o con bienes?, ¿Le paga con el mismo dinero que robó a los veracruzanos?, ¿Es ético defender a un individuo que llevó a Veracruz y a más de 8 millones de veracruzanos al desastre social, financiero y de seguridad más grave de la historia, en lugar de plantearle que acepte su responsabilidad y devuelva lo que se robó?.
Señala que es una desvergüenza hablar de persecución política frente a un pueblo que sufre en carne propia las consecuencias del saqueo. Duarte es sinónimo de corrupción, Marco Antonio del Toro va en el mismo camino.
La defensa de Javier Duarte señaló que en el nuevo sistema de justicia penal, la prisión preventiva es una excepción, pero en Veracruz bajo el Gobierno de Miguel Ángel Yunes, se ha hecho regla la prisión preventiva de toda persona imputada y que haya tenido la más mínima relación con su enemigo político. Se ha hecho regla también el que surjan testigos que declaran después de presiones enmarcadas en la ilegalidad.
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