Por Andrés Timoteo/Texto Irreverente
LA TRAMPA DE LOS RETARDATARIOS
Es muy cierto que Veracruz atraviesa una contingencia en seguridad pública y que la ola de violencia se ha intensificado exponencialmente en los últimos meses, como también es cierto que la misma es consecuencia de la ruptura de pactos entre la administración estatal y el crimen organizado. Es verdad que hay cifras alarmantes, pero también que a la incidencia delictiva se le hace frente, lo que no sucedía en los dos sexenios anteriores.
La deducción no es complicada : al actual gobierno estatal se le podrá cuestionar por los resultados en la materia e incluso por los responsables de las áreas implicadas – especialmente al titular de la SPP, el inefable Jaime Téllez Marié -, pero no se le puede señalar de ser omiso ni cómplice con la mafia como ocurría en el pasado inmediato. Hoy no hay colusión del gobernador con el crimen organizado como la hubo con el innombrable y Javier Duarte ni el aparato estatal está al servicio de los malhechores.
Eso hay que decirlo porque es una de las ganancias del cambio político decidido en las elecciones del año pasado, independientemente de la revancha de los facinerosos por haber roto los acuerdos . Claro, esto no es un consuelo, pero si un activo en medio de la crisis. ¿Habrá alguien – a excepción de los nostálgicos de la fidelidad- que prefiera que el mandatario pacte con el crimen organizado, le entregue la entidad y así “apacigüe” las cifras de la violencia?. No, nadie en su sano juicio.
Pero como el tema de la seguridad pública es muy rentable electoralmente, por eso hoy se ha convertido en el principal ariete mediático contra la administración de Miguel Ángel Yunes Linares. Al panista le quieren cargar la culpa de la violencia como sí él le hubiera abierto las puertas a los carteles del narcotráfico. Y aún más, algunos quisieran – y hasta exigen- que la opinión pública olvide a Duarte y al innombrable como sí la crisis en Veracruz hubiera iniciado apenas hace un año.
La intención es perversa, sin duda, pues se quiere hacer la amalgama de que el cambio político es sinónimo de violencia imparable y así guiar a la opinión pública a la conclusión de que es mejor regresar al pasado. Empero, la terca memoria es la herramienta para desnudar a los convenencieros. Sí, los veracruzanos le deben exigir al gobernador en funciones que haya eficacia en el combate al hampa. Sí, es magnífico que todos los casos de violencia se ventilen en la prensa pues hacer hablar -entiéndase: escribir- a quienes antes callaban y hasta distorsionaban la realidad es también otra de las ganancias del cambio político, pero no hay que morder el anzuelo de los retardatarios. Evitar el regreso al oscuro pasado es tarea de todos.
El mandatario en funciones sabe que debe pagar un costo político por corregir el desastre heredado en seguridad pública y aunque muchos le pueden endilgar una multitud de adjetivos, no podrán tildarlo de blandengue. Y esto viene al caso por la postura que han adoptado algunos alcaldes electos, principalmente los emanados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quienes se rehúsan a asumir su responsabilidad en la materia pues tampoco quieren asumir sus costos políticos.
El lunes pasado se realizó la reunión del Grupo Coordinación Veracruz a la que estaban convocados los munícipes en funciones y los electos de aquellos municipios donde fueron desaparecidas las policías locales, pero no acudieron los ediles de Morena que gobernarán Jalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica, todos militantes de Morena que siguen la estrategia de negarse a asumir su tarea en el tema de seguridad porque entonces tendrán que apechugar los costos que conlleva.
No quieren hacerse cargo de la policía municipal para que la ciudadanía tampoco les reproche lo que hagan o dejen de hacer por la tranquilidad local. Del primero de enero al primero de junio del 2018, cuando se realicen los comicios, habrán transcurrido cinco meses de los nuevos gobiernos municipales y los electores tendrán ya una evaluación para castigar los eventuales malos resultados. Además, asumiendo la responsabilidad de la seguridad municipal se les echará a perder una bandera electoral contra la administración yunista, aunque su escapatoria es fatua porque constitucionalmente están obligados a asumir tal responsabilidad.
Ante su intento de evasión, el mismo Yunes Linares les dio el ultimátum de entregarles la responsabilidad directa de la vigilancia local a partir del primero de enero. Los viejos del pueblo dirían: “a ver si cómo chiflan, cantan”, porque los Morenos tendrán que demostrar que ellos sin son eficientes en lo que tanto fustigan y que la “esperanza” que pregonan se puede aterrizar en las políticas públicas.
FAKE NEWS
Por cierto, en estos días corre una perla de las famosas “Fake News” (Noticias Falsas) en la que se asegura que Yunes Linares habría amenazado a los ediles electos que no asistieron a la reunión del lunes pasado con retirar la seguridad en su municipios. No existió tal declaración, fue todo lo contrario.
Textualmente, el gobernante señaló: “(Se) valorará entregarles la responsabilidad del manejo de la seguridad pública. Del tal manera que, si ellos no acuden a las reuniones a las que son convocados para coordinar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, en esta tarea que es sustantiva, entonces que se hagan cargo directamente de esta responsabilidad”.
Sobre esa “Fake News” se han tejido reacciones de los actores políticos implicados, los cuales cayeron en la trampa de la información inventada o simplemente siguieron el rejuego del engaño. Esa noticia falsa no es fortuita ni producto de un error de titulares o edición, y la opinión pública no debe dejarse envolver, sobretodo considerando que los difusores son los mismos que en el pasado reciente ocultaban y alteraban la realidad. ¡Cuidado con ellos porque así hicieron mucho daño a la sociedad a la que le suministraban noticias falsas, con la diferencia que antes eran halagos y cifras alegres!
Editorial
