PULSO POLÍTICO/ Francisco Cárdenas Cruz
El cobarde asesinato de Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso en Xalapa, descubierto la tarde del sábado, es el quinto que se comete en Veracruz desde que el gobernador priísta, Javier Duarte de Ochoa, asumió el cargo el 1 de diciembre de 2010 y es la enésima prueba del acoso y amenazas cumplidas contra los periodistas independientes de esa entidad y otro ominoso mensaje para quienes laboran en el medio fundado por don Julio Scherer García.
Ella fue encontrada en el baño de su domicilio en la colonia Felipe Carrillo Puerto, de la capital veracruzana, con huellas de estrangulamiento y golpes en rostro y cuerpo, luego de que un vecino informó que la puerta de la casa de la privada Rodríguez Clara 208, tenía horas de permanecer abierta, sin que se advirtieran movimientos en su interior y cuando elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones y de Servicios Periciales del gobierno estatal llegaron al lugar, la encontraron sin vida.
Esta ejecución de la combativa periodista xalapeña que desde hace por lo menos 10 años era corresponsal del semanario que hoy dirige Rafael Rodríguez Castañeda, causó indignación no sólo en Veracruz sino dentro y fuera del país, ante la ola criminal que se registra en ese estado en donde con todo y el operativo “Veracruz Seguro”, se siguen registrando extorsiones, secuestros y ejecuciones, que son un tapabocas al mandatario estatal que se empeña en hacer creer al gobierno federal que “la violencia va de salida”.
Y tan no lo va que el de Regina Martínez es el quinto asesinato de periodistas en lo que va del gobierno de Duarte de Ochoa, que junto con algunos de sus colaboradores se han dedicado a acallar a quienes cuestionan su gestión, con amenazas o presiones. Esa es la razón por la que poco de lo que ocurre a diario en Veracruz es difundido en los medios nacionales de comunicación, salvo algunas excepciones.
Una de ellas, precisamente, ha sido el semanario Proceso, cuyos ejemplares son retirados de la circulación cuando abordan casos que incomodan al gobernador, trátese de ineficiencias, corrupción o presuntos vínculos de funcionarios estatales con el crimen organizado y el narcotráfico. Hace tres semanas, la asesinada corresponsal envió una información en la que mencionó a dos flamantes candidatos priístas a diputados federales de mayoría de tener nexos con grupos criminales: uno, el secretario de gobierno del ex gobernador Fidel Herrera y ex procurador de Duarte de Ochoa, Reynaldo Escobar –cesado tras el escándalo de aquellos 35 cuerpos torturados y mutilados arrojados en la zona conurbada entre el puerto de Veracruz y Boca del Río y de otra veintena, antes y después de la Reunión Nacional de Procuradores, en septiembre pasado- y el ex diputado local Alejandro Montano y propietario del diario Milenio de Xalapa. La edición “desapareció” de los sitios de distribución y venta.
No fue lo único porque en anteriores entregas, ella puso también al descubierto otros asuntos de corrupción habidos en el gobierno fidelista y presuntas ligas de funcionarios locales con cárteles de la droga, lo que la convirtió en una periodista “incómoda” para quienes despacharon, y despachan, en el palacio de gobierno de la capital del estado.
Los otros periodistas asesinados en lo que va del gobierno duartista, fueron Miguel Angel López Velasco, subdirector y columnista del diario Notiver y su hijo, el fotógrafo Misael López; Yolanda Ortíz de la Cruz, reportera del mismo y Noel López Olguín, reportero del semanario Horizontes y Noticias de Acayucan y del periódico La Verdad, ocurridos en los meses de junio y julio del año pasado.
En todos los casos, el gobernador y su entonces procurador Escobar –y ahora también el sucesor de éste, Amadeo Flores Espinosa- salieron con lo mismo: que “se investigará hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables, lo que motivó una inmediata respuesta de la dirección del semanario de que no les creen y que así se lo hicieron saber, al tiempo que señalaron que “la agresión contra cualquiera de los integrantes de esta casa editorial es un atetado contra Proceso y en contra del derecho constitucional a informar” y anunciar que no eludirán ninguna acción hasta conseguir el esclarecimiento de ese cobarde crimen.
Los reporteros, articulistas y editorialistas de diarios de Xalapa realizarán esta tarde un acto de protesta frente al palacio de gobierno para exigir que se castigue a los responsables y dirigentes de agrupaciones gremiales, nacionales e internacionales, condenaron este enésimo crimen de quien ejercía un periodismo independiente.
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