Decisión o ardid…

Por René Delgado/SOBREAVISO

El recurso es bastante socorrido en el ejercicio del poder: ante una situación adversa o difícil de remontar, se jala la atención hacia otro asunto o, bien, se inventa una maniobra distractora y espectacular. La política es más rápida que la historia; como las noticias más atractivas que la información.

Recordar esa práctica no sobra ante la súbita decisión de intervenir el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), sobre todo, al considerar la situación que trae de cabeza a la administración federal: un apretado y complejo nudo de problemas que cuestiona su política en materia de seguridad, derechos humanos, energía, pobreza y, desde luego, económico-financiera y que exhibe su pasmo.

En ese contexto se ubica la decisión de desaparecer y reaparecer el mencionado Instituto a fin de desempoderar a la sección 22 del magisterio y desmantelar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Ojalá esta vez la decisión sea eso y no un ardid para ocultar, así sea de modo momentáneo, la crisis en la que se inserta de más en más la administración.

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En víspera de la escenográfica y muy tardía decisión ante la rebeldía y soberbia de la sección 22, ésta no se dibujaba en el horizonte. La atención se concentraba en otros asuntos de igual importancia y que ahí están sin resolver.

Uno. Si, en un abuso, las fuerzas federales participaron en la desaparición, tortura y muerte de siete jornaleros de Zacatecas. Nuevo episodio en la muy larga cadena de la violación de los derechos humanos cometida por fuerzas oficiales. Una cuenta más en el collar de perlas negras que integran Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, el rancho El Sol…

Las dudas sobre la participación de fuerzas oficiales en esos tristes sucesos constituían y constituyen uno de los temas abiertos.

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Dos. Días antes, el asunto dominante: la increíble fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán, cuya evasión dejó en el túnel una serie de interrogantes que, aun hoy, siguen sin respuesta.

¿Quién proporcionó los planos del penal? ¿Los funcionarios cesados son o no sujetos de proceso judicial? De los treinta custodios detenidos, sólo siete fueron consignados y, de ellos, sólo tres recibieron auto de formal prisión: ¿sólo ellos son los responsables de la fuga y no hubo, por ahí, algo de negligencia en los funcionarios de mayor rango? ¿El dicho presidencial, expresado a León Krauze, calificando de «imperdonable» la posibilidad de que el criminal escapara de nuevo queda en un decir sin importancia? ¿Las cabezas de la política de seguridad e inteligencia se sostendrán sobre sus hombros después del vergonzante suceso?

Otro tema pendiente de resolver.

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Tres. En medio de ese cuadro, la primera licitación para explorar y explotar hidrocarburos en aguas someras llamó la atención por su transparencia, pero también por el pobre fruto que rindió.

El mercado echó por tierra las expectativas. Si bien ello no es atribuible a la administración, sí es exigible a ella replantear los términos de la instrumentación de la reforma y recalcular los ingresos en monto y tiempo porque, obviamente, sostener las expectativas en sus términos es un engaño.

La reflexión oficial sobre lo ocurrido se echa de menos.

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Cuatro. El resultado de la medición de la pobreza, por parte del Coneval, es un mentís a la política social seguida por décadas. Sexenio a sexenio se le cambia el nombre, pero no el apellido, y vez tras vez queda claro que esa política no ataca el nudo gordiano del problema: el empleo y el ingreso.

Se entiende que, en defensa propia, el gobierno celebre la disminución marginal de los pobres en extremo pero no que ignore el crecimiento de la pobreza. Son años de integrar padrones y entregar recursos sin resolver un muy viejo problema que, por lo demás, en temporada electoral administra el hambre o la necesidad de los desposeídos.

Ahí otro asunto abierto.

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Cinco. La incertidumbre económica, el primer efecto de la reforma fiscal y el innegable despilfarro de recursos públicos por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, acompañados de la volatilidad del peso y el precio del petróleo, evidencia la tibieza de las medidas adoptadas frente al vendaval en puerta, así como la urgencia de rectificar la política en la materia que, con necedad dogmática e incapacidad en su manejo, se sostiene sin que su responsable rinda cuentas.

Asombra si no el silencio, sí la indiferencia frente al perfil del cuadro económico-financiero siguiente y, aun así, se mantienen proyectos o iniciativas sin considerar su impacto presupuestal y su viabilidad. Se hace alarde de conciencia del porvenir, pero no se actúa en el presente.

Otro tema de la agenda sin resolver.

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Si lo es, la decisión tomada en relación con el IEEPO y su efecto sobre la sección 22 del magisterio y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reviste importancia pero, tal ha sido el titubeo a la hora de actuar y tal la pérdida de credibilidad y autoridad de la administración, que con más de un grano de sal y un twist de escepticismo hay que mirarla.

Reconocido el calibre de esa decisión, ello no exime a la administración de encarar los otros asuntos de la agenda, tanto o más importantes que el relativo a la reforma educativa. En breve, se sabrá si se está frente a una decisión o un ardid que, aun con su espectacularidad, no borra el predicamento en que se encuentran los ejes estratégicos de la administración.

El arte de gobernar exige, entre otras cosas, atender coordinada, simultánea y eficazmente los distintos frentes que por voluntad se abren o por adversidad se plantean. No constituye una política integral dedicarle unos días a un flanco y otros días a otro, dejando todos sin resolver. Menos la constituye jugar con la flama de los problemas porque el fuego a veces quema.

Por cierto, si la evaluación de los maestros es una prioridad, no estaría de más darle igual rango a la evaluación del gabinete para determinar si merecen preservar la plaza o no.

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