Editorial del Periódico “El Universal”
23 de diciembre de 2011
Apenas esta semana el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, disolvió la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, por lo que la Secretaría de Marina asumió las funciones de seguridad pública en esta parte del estado. La medida se antojaba extrema, pero revela el grado de descomposición y de falta de confianza de la propia autoridad estatal hacia sus policías locales.
La serie de asesinatos masivos que se registraron en la entidad desde hace un par de meses —y que culminaron con montones de cadáveres en las calles veracruzanas—, así como operativos especiales de la Marina en los que se desmanteló una vasta red de comunicación de criminales, fueron la pauta de que algo estaba muy descompuesto en aquel estado.
Además de las vidas humanas perdidas, la zozobra para los habitantes y empresarios locales que están a merced de la delincuencia, otra gran perdedora en esta cruenta batalla ha sido la gobernabilidad. Sin autoridad fuerte, sin Estado, Veracruz ha quedado en manos de los criminales.
Para muestra de lo mucho que hay que enmendar, ayer 16 personas fallecieron en ataques armados contra autobuses de pasajeros y en enfrentamientos entre presuntos narcotraficantes y fuerzas castrenses y de seguridad. Los hechos ocurrieron en los municipios de Pánuco y El Higo, en los límites entre Veracruz y Tamaulipas, donde grupos armados atacaron a balazos a autobuses de pasaje y, posteriormente se enfrentaron a elementos de seguridad.
A reserva de que se aclare el origen del ataque y sus motivos —crimen organizado o delincuencia común— el hecho es grave y se suma a esa larga lista de atrocidades, en las que la ciudadanía común queda al arbitrio de quienes tienen armas poderosas y pueden andar con impunidad por las carreteras del estado.
A diferencia de otras ocasiones, esta vez se enfrentó a los presuntos responsables causándoles bajas, aunque la sensación de indefensión en que queda la población es importante y el mensaje que se manda al país y al mundo es que cualquier usuario del transporte público corre grave riesgo en un común y corriente viaje interestatal. Esto no nada más ahuyenta visitantes, sino también inversiones.
Han de aclararse los hechos. Pero, sobre todo, se ha de apretar la seguridad a grados de erradicación de la delincuencia y rescatar a Veracruz de quienes han secuestrado su tranquilidad. Siempre, por supuesto, con respeto a los derechos humanos de la población.
Tijuana, Ciudad Juárez y el mismo estado vecino de Tamaulipas han comenzado a restablecer el orden y su tejido social en zonas otrora fuera de la mano de la autoridad. Veracruz no tiene por qué ser la excepción, aunque el costo en violencia puede ser alto. La gobernabilidad de Veracruz está en juego.
Editorial
