Los recursos estaban destinados a la compra de medicamentos y tratamientos contra el cáncer de la población sin seguridad social.
Por: Blanca Valadez/Milenio
En los primeros cinco años del gobierno de Javier Duarte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó “un probable daño y perjuicio a la Hacienda Pública federal” por mil 427 millones de pesos pertenecientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
Por ello, la ASF mantiene tres denuncias de hecho, dos ante la PGR y otra en la fiscalía de Veracruz, y mantiene abiertas 11 investigaciones más por el desvío de mil 427 millones de pesos que no se destinaron a la atención sanitaria, compra de medicamentos, mejoras en la calidad del servicio para la población objetivo, entre ellas, la oncológica.
Las autoridades de la Secretaría de Salud comprobaron actos de “corrupción” y “mal manejo” de los recursos destinados a la población sin seguridad social y que requiere desde tratamiento oncológico hasta intervenciones quirúrgicas que cubre el Seguro Popular.
Por lo que la dependencia federal aseguró que cuenta con “fundamentos jurídicos para promover acciones derivadas de la auditoría”.
En 2015, la ASF informó que en la época de Duarte se justificaron 4 mil 882 millones 69 mil pesos destinados al FASSA, de estos, 3 mil 816 millones 373 fueron para pagar el servicio del personal y solo 368 millones 631 mil pesos para la comprar de medicamentos.
Además, 491 millones 825 mil pesos se justificaron con el pago de servicios generales; 152 millones 388 mil pesos para adquirir materiales y suministros, y el resto en transferencia y bienes inmuebles.
Entre las irregularidades detectadas por la ASF, están un pago de 72 mil 767 pesos, más los intereses desviados de los recursos del FASSA en 2015, para pagar a un trabajador que carece de la documentación que acredite el perfil de la plaza bajo la cual cobró sueldos.
También con los recursos del FASSA 2015 se pagaron 24 millones 137 mil pesos de nómina para 79 servidores públicos que fueron comisionados al sindicato, los cuales contaron con la autorización de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud Federal.
De hecho, en 2014, el órgano fiscalizador reportó el mayor “probable perjuicio” a la Hacienda Pública por un monto superior a los mil millones de pesos transferidos a la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz y que no llegaron a los servicios de salud estatal.
La ASF detectó, entre otras irregularidades, que se destinaron 250 mil pesos para cubrir el pago a un proveedor “sin amortizar el anticipo que fue pagado a éste con anterioridad”, careciendo de respaldo documental.
Además, la ASF reportó que 139 millones 58 mil 820 pesos, recursos aportados por la Federación dentro del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, no se ejercieron ni tampoco fueron integrados a la Tesorería de la Federación el 31 de diciembre de 2014.
