Tenemos la seguridad de que habrá presupuesto federal para el año 2020 y que tanto el gobierno nacional como los gobiernos estatales y municipales tendrán los recursos necesarios para el nuevo ejercicio de gasto, con las prioridades señaladas por el presidente de la República y con los incrementos por encima de la inflación que tendrán los gobiernos locales. Esto a pesar de la situación actual en que se ha tenido que posponer la discusión y aprobación del proyecto de egresos 2020, por el cerco en que se encuentra la Cámara de Diputados.
Esta certeza se da primero porque tanto la Mesa Directiva del órgano legislativo como la Coordinación de nuestro grupo parlamentario, están actuando conjuntamente y con la mejor disposición para reinstalar la sesión truncada el pasado jueves. Pero además, la inmensa mayoría de Morena y sus aliados están en posición de apoyar completamente la estrategia económica del presidente de la República y llevar adelante la aprobación de este instrumento fundamental de política económica con que cuenta el Estado mexicano.
No debe haber ninguna incertidumbre para los actores económicos nacionales ni para los mercados internacionales, toda vez que aún no inicia el ejercicio fiscal del año 2020, y cuando inicie seguramente el Presupuesto de Egresos del 2020 estará aprobado con mucha anticipación, tal y como lo plantea el grupo mayoritario de la Cámara de Diputados en coordinación con su Mesa Directiva.
La reforma constitucional de 2004, por la que se modificó la fracción IV del artículo 74, precisamente se hizo para evitar una situación de incertidumbre. Antes, la discusión del presupuesto se iba hasta el 31 de diciembre de cada año, con el riesgo de que el primero de enero amaneciera el país sin el decreto de egresos aprobado. Es más, en la aprobación del presupuesto de 2002 se dio el caso de que el ”reloj legislativo” se tuvo que parar un minuto antes de las 00:00 del primero de enero, para continuar sesionando y dar tiempo a la aprobación respectiva.
Bajo la nueva disposición constitucional no existe ese riesgo. Y la Suprema Corte de Justicia ha establecido el criterio de que “la circunstancia de que la sesión de aprobación en la cámara de diputados hubiera continuado después del 15 de noviembre no es contraria a la finalidad de establecer las previsiones de gastos obligatorias para los entes públicos a los que se destina respecto del ejercicio fiscal siguiente al en que se aprueba”.
El escenario de no aprobación de un nuevo presupuesto implicaría que se aplicara el presupuesto anterior, es decir, el de 2019, lo cual eso sí, restaría certidumbre a la economía y a los sectores productivos del país, habida cuenta de que no se estaría considerando el factor inflacionario ni las proyecciones económicas de otras variables que son determinantes para la aplicación de los programas presupuestales.
En Morena estamos cumpliendo los compromisos de cambiar a fondo la situación económica y social del país, incluyendo la recuperación del campo mexicano, la disminución de la desigualdad social a través de los múltiples programas sociales, enfrentando la desigualdad regional con proyectos como el Tren Maya y el corredor Transístmico, combatiendo la grave situación de inseguridad con la conformación y el reforzamiento de la Guardia Nacional y rescatando a PEMEX y la CFE para reactivar la economía y recuperar la soberanía energética del país. Esta estrategia de gasto está respaldada por una política de ingresos responsable sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, y sin endeudar al país, tal y como lo establece la Ley de Ingresos para el 2020 y la Miscelánea Fiscal que fueron aprobadas recientemente. Esta es la motivación para ir con toda certidumbre a la aprobación del marco presupuestal que demanda la Nación y los nuevos tiempos.
Finalmente, es necesario insistir que no habrá disminución a los programas sociales, ni de la inversión prioritaria en infraestructura, ni en materia de seguridad, gracias a la austeridad republicana y al buen gobierno de la Cuarta Transformación.
Editorial
