El Diputado Federal cuestiona presiones mediáticas para favorecer contratos leoninos
Iberdrola ha dado marcha atrás a su juego de presiones al Gobierno Federal aceptó sentarse en la mesa de negociación para la ejecución de sus proyectos de inversión que tiene en México, enviando una carta al Presidente de la República manifestando su interés en seguir adelante con su inversión en nuestro país y por lo mismo en la construcción de la termoeléctrica en Tuxpan, señaló Marco Antonio Medina Pérez Diputado Federal.
El Diputado Federal Tuxpeño explicó que el nuevo gobierno tiene como principio fundamental darle prioridad a los intereses de la nación, sin excluir de ninguna manera la inversión extranjera.
El legislador observó que está empresa española hizo uso de sus influencias y presiones para tratar de obligar al Gobierno de la República a aceptar las viejas reglas impuestas en sexenios anteriores que favorecían verdaderos contratos leoninos, sobre todo en el sector energético.
Marco Antonio Medina Pérez se pronunció por fomentar la participación privada en los temas económicos de México y porque lleguen más inversiones a nuestro país, pero salvaguardando la soberanía nacional en áreas estratégicas y la rectoría del Estado, porque se tiene que ver también por los intereses de otras empresas que requieren servicios energéticos y de los mismos consumidores, puntualizó.
El Diputado reconoció el papel fundamental que la Secretaria de Energía Rocío Nahle y el Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez tuvieron a no ceder ante las presiones mediáticas e impulsar proyectos alternos de inversión para sustituir a los de empresas como Iberdrola en la construcción de la termoeléctrica en Tuxpan, lo que finalmente parece no será necesario porque la empresa española ha manifestado que seguirá con sus inversiones proyectadas en México, triunfando la cuarta transformación en la conservación de la rectoría del Estado.
Remarcó que los bienes de la Nación no pueden estar a subasta, es el Gobierno Federal el que tiene que buscar el equilibrio de los intereses privados con los públicos sin afectar éste principio básico del Estado Mexicano.
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