* El hueco financiero del último año de Duarte
* Fue un cochinero el manejo de las cuentas
* Unanue advierte que si no solventan, vienen las denuncias
Por Noemí Valdez/Notiver
Foto Saúl Ramírez
Exclusiva
El análisis de la Cuenta Pública 2016, arrojó un presunto daño patrimonial entre estado, municipios y demás entes fiscalizables por 12 mil 592 millones 249 mil 805.29 pesos en el último año de ejercicio de Javier Duarte de Ochoa.
De este monto, 4 mil 989 millones 948 mil 830 corresponde a entes estatales, la cuenta pública consolidada resultó con un quebranto de 11 mil 873 mil 752 mil 609 pesos y los entes municipales con un presunto daño patrimonial por 718 mil 497 millones 195 mil pesos.
Este viernes, la Comisión Permanente de Vigilancia, presidida por Juan Manuel de Unánue Abascal, recibió del titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) Antonio Portilla Vásquez, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016.
En dicho documento se enlistaron las irregularidades en las que incurrieron los entes en el último año del anterior sexenio, uno de los más señalados de la historia por el mal manejo de recursos públicos tanto federales, como estatales.
Entre las observaciones financieras se advirtió que existieron erogaciones sin documentación justificativa y comprobatoria; cuentas bancarias no registradas contablemente; transferencias entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen; cuentas por cobrar no recuperadas; cancelación de cuentas sin documentación justificativa y comprobatoria.
A su vez, en “el cochinero” se detectaron retenciones no realizadas a los trabajadores por impuestos; pago indebido de la gratificación “Estímulo al destacado Desempeño”; saldos de Deudores Diversos cancelados, sin evidencia documental; erogaciones comprobadas con documentos que no cumplen con los requisitos de autenticidad; falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes.
Las auditorías realizadas a la obra pública arrojaron que muchas se ejecutaron sin contar con la factibilidad y validación de proyectos; falta de documentación comprobatoria del gasto que se reportó como pagado; obras no ejecutadas; con operación deficiente o falta de operación; inconclusas y abandonadas, así como obras en las que el recurso asignado como anticipo, no se encuentra aplicado.
Por su parte el Presidente de la Comisión de Vigilancia, Juan Manuel de Unanue Abascal, dijo que a partir de esta fecha la Comisión de Vigilancia sesionará las veces que sean necesarias para realizar un análisis profundo y racional que permita cumplir con la encomienda de presentar al Pleno un Dictamen que refleje el compromiso con la legalidad y los principios que rigen el servicio público.
Una vez que se tenga el dictamen listo, este se someterá a votación del Pleno del Congreso, que estará en aptitud de iniciar la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones.
Sin embargo, la Ley permite que los involucrados tengan una segunda oportunidad para que en la audiencia respectiva ofrezcan pruebas y formulen alegatos, en relación con las observaciones no solventadas.
Pasados 45 días hábiles después de la audiencia el Órgano de Fiscalización emitirá la resolución definitiva, ante la cual los involucrados podrán interponer el Recurso de Reconsideración, o promover un Juicio Contencioso Administrativo y finalmente los casos no resueltos en esta segunda fase, o tratándose de responsabilidades de naturaleza penal se presentarán las denuncias por la vía penal.
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