Es difícil escoger un solo punto de inflexión en la larga investigación del fiscal Robert S. Mueller sobre la llamada trama rusa, las pesquisas sobre la injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales de 2016 con el fin de favorecer la victoria de Donald Trump y la posible colaboración en dicho plan del entonces candidato republicano y su entorno. Pero uno de los más señalados se produjo el 29 de noviembre, cuando Michael Cohen, quien fuera abogado personal durante años de Trump, reconoció que había mentido sobre un proyecto inmobiliario en Moscú del hoy presidente. Aunque Cohen sostuvo en su día que la negociación cesó en enero de 2016, justo antes de que comenzaran las primarias republicanas, ha admitido ahora que las conversaciones se prolongaron en realidad hasta junio de ese año, cuando Trump ya estaba a punto de convertirse en el candidato presidencial. Cohen informó de los avances al “individuo 1”. Este mismo individuo fue quien, dijo, le ordenó pagar a dos mujeres con las que Trump supuestamente había mantenido relaciones sexuales para evitar la mala prensa durante la carrera hacia la Casa Blanca. Cohen dijo que el “individuo 1” era Donald Trump. Los últimos compases de la investigación de Mueller estrechan el cerco sobre el presidente de EE UU.

La fiscalía señala a Trump. Los fiscales dieron por buena la confesión de Cohen en su documento del pasado 7 de diciembre, con lo que atribuyeron al presidente de EE UU un delito federal. Los pagos a dos mujeres —la actriz de cine pornográfico Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal— suponen una donación ilegal, pues el objetivo consistía en proteger la imagen de un candidato presidencial y superaban los 2.700 dólares, lo hizo un empleado de la campaña en un caso y en otro, además, intervino una empresa interpuesta. Quien fuera hombre para todo de Trump, el abogado Michael Cohen, “buscó influir en las elecciones desde la sombra”, según los fiscales del distrito sur de Nueva York. “Lo hizo orquestando pagos ilegales y secretos para silenciar a dos mujeres que de otra manera habrían hecho públicas sus relaciones extramatrimoniales con el ‘individuo 1”, añade el documento, en referencia a Trump. El 21 de noviembre, el presidente ya había enviado al fiscal Mueller sus respuestas por escrito. No se conoce el contenido de las preguntas ni, por tanto, las potenciales contradicciones con Cohen. El presidente admite haber pagado pero lo considera una “transacción privada” que no vulnera leyes electorales.

Tres sombras planean sobre el presidente. Hay, de momento, tres tipos de acusaciones a las que se puede enfrentar Trump en el marco de esta macroinvestigación. La primera, origen del proceso, es la posible connivencia con el Kremlin para interferir en las presidenciales, pero resulta de momento la más gaseosa. La segunda, el delito de obstrucción a la justicia, tiene que ver con posibles mentiras de Trump durante las pesquisas y cualquier intento de frenar el caso, mediante presiones como las que alega el exdirector del FBI James Comey, despedido por el presidente en mayo de 2017. La tercera, y única que ya ha cristalizado en un señalamiento directo por parte de la fiscalía, es el pago a mujeres para silenciar supuestas aventuras sexuales del entonces candidato durante la campaña electoral, lo que constituye un delito federal de financiación ilegal porque se considera una donación no declarada.

Los antiguos leales que han acabado ‘cantando’. El abogado Cohen dijo durante años que sería capaz de llevarse una bala dirigida a su gran cliente con tal de protegerlo, pero esa prueba de lealtad acabó este verano, cuando se declaró culpable del delito de financiación ilegal, admitió haber mentido y decidió colaborar con la justicia. Lo mismo ocurrió con su exjefe de campaña, Paul Manafort, que el pasado septiembre se declaró culpable de varios de los cargos en su contra y se ofreció a cooperar con la investigación para tratar de reducir su condena (en agosto había sido hallado culpable ya de ocho delitos, básicamente económicos). También acabó derrumbándose hace unos meses el general Michael Flynn, uno de los primeros investigados, que tuvo que dimitir de su cargo de consejero de seguridad nacional en febrero de 2017, al poco de su nombramiento, por mentir sobre sus contactos con Moscú. El fiscal Mueller entregó un informe el 4 de diciembre en un tribunal en el que recomendaba que Flynn no fuese a la cárcel como reconocimiento de su colaboración “sustancial” con la justicia.

Al menos 16 miembros del entorno de Trump tuvieron contactos rusos. En más de año y medio de investigación han salido a la luz múltiples contactos de agentes rusos o personajes cercanos al Kremlin con el entorno de Trump durante la campaña electoral o el proceso de transición entre la victoria y la toma de posesión de la presidencia. La CNN publicó este lunes un recuento de 16. Aparte de las maniobras de Cohen, entre los contactos figura el sonado encuentro en junio de 2016 del hijo mayor de Trump, Donald Trump junior, y su yerno Jared Kushner con la abogada Natalia Veselnitskaya, que se presentaba como cercana a Putin y prometía “trapos sucios” sobre Hillary Clinton, entonces candidata demócrata. El general Flynn discutió en diciembre de 2016 con el entonces embajador ruso en Washington, Sergéi Kisliak, las sanciones a Rusia por injerencia cuando Trump no había jurado aún el cargo.  Y el asesor Roger Stone se citó con un ruso que se hacía llamar Henry Greenberg y también ofrecía información perjudicial para Clinton a cambio de dos millones. Stone rechazó la propuesta.

Dudas sobre un posible ‘impeachment’. Los pagos ilegales para silenciar a dos mujeres durante la campaña que los fiscales imputan a Trump desde el pasado viernes serían constitutivos de delito. Como no se puede procesar a un presidente en el cargo, según el criterio general del Departamento de Justicia, la única manera de hacer que Trump rindiese cuentas ante un juez pasaría por el impeachment, el procedimiento parlamentario de destitución. Con la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, que se estrena en enero, la oposición podría impulsar el proceso, aunque difícilmente ganarían en el Senado. Pero al margen de ese impedimento, los demócratas dudan de la conveniencia de impulsar un impeachment con los actuales cargos sobre la mesa. Como dijo este fin de semana el congresista demócrata Jerrold Nadler, de Nueva York, aunque los cargos podrían dar lugar a un impeachment, son  “¿lo bastante graves para justificar un impeachment?”. El escenario cambiaría si las conclusiones finales del proceso señalan a Trump como responsable de colaboración con el Kremlin o de obstruir a la justicia.

Una ristra de encausados, pero sin pruebas de colaboración con Rusia. El fiscal Robert S. Mueller ha presentado cargos por el momento contra 33 personas (26 de ellos ciudadanos rusos) y tres empresas en el marco de la investigación de la trama rusa. Entre los imputados figuran cinco antiguos asesores de Trump (Cohen, Manafort, George Papadopoulos, Rick Gates y Michael Flynn), pero sus delitos no tienen que ver directamente con la coordinación con Moscú, sino que abundan los relacionados con el fraude fiscal o lavado de dinero, mentir al FBI en el marco de la investigación o trabajar para Gobiernos en el extranjero sin haber informado de ello. En el mandato de Mueller figura esclarecer todo lo relacionado con la trama rusa, pero también cualquier otra ilegalidad que trascienda a raíz de este proceso: el pago a las supuestas amantes de Trump es un ejemplo de esto. Por ello este caso supone un quebradero de cabeza para el presidente, aunque repita hasta la saciedad que no han aparecido pruebas de colusión.