Alberto Silva Ramos, diputado federal priista tiene siete días para presentar pruebas a su favor y desechar la solicitud del Fiscal del Estado de Veracruz.
Por Víctor Hugo Arteaga/Aristegui Noticias
La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados a nivel federal aceptó ingresar la solicitud de Juicio de Procedencia contra el diputado priista veracruzano Alberto Silva Ramos, ex vocero de Javier Duarte de Ochoa.
La FGE de Veracruz tiene abiertas tres carpetas de investigación por posibles actos de corrupción y presunto desvío de casi tres mil millones de pesos, en contra de dos ex voceros de Javier Duarte: Gina Domínguez y el hoy diputado federal Alberto Silva Ramos.
A Silva se le acusa en la actual administración de Veracruz por la comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición.
Silva Ramos es acusado formalmente por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, que encabeza Jorge Winckler Ortíz, de haber participado en el desvío de alrededor de mil 500 millones de pesos desde la Coordinación General de Comunicación Social.
Alberto Silva fue vocero de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, en dos periodos. El primero del 21 de febrero de 2014 al 5 de enero de 2015, y el segundo de abril a octubre de 2016.
Mediante su cuenta de Twitter oficial, el legislador federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Omar Ortega informó que fue aceptada la petición del fiscal veracruzano.
“Queda formalmente aceptada la solicitud de la #FiscalíaVeracruz @Mx_Diputados. El #AlbertoSilva tiene siete días para presentar pruebas”, informó el integrante de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados.
El 13 de julio la Secretaría General de la Cámara de Diputados dio entrada a la solicitud contra el ex coordinador general de Comunicación Social de Duarte, presentada personalmente por Winckler Ortíz.
En el año 2014 el gobierno de Javier Duarte pagó 503 millones de pesos a 19 empresas fantasma, por supuestos gastos de difusión de actividades del gobierno, durante la gestión de Silva Ramos al frente del área de Comunicación Social, muchos de ellos refacturados desde el 2013 con Domínguez al frente.
Supuestamente Alberto Silva Ramos utilizó en diciembre del 2014 el presupuesto de 11 dependencias del Gobierno del Estado que facturaron en ese mes 245 millones de pesos por la “difusión de las actividades del gobierno del estado”.
Al menos ocho empresas declaradas como inexistentes por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se beneficiaron ese diciembre de los pagos autorizados por Comunicación Social.
Las firmas que fueron descubiertas dos años más tarde como “empresas fantasma” son Carrirey, Ravsan, Anzara, Mogarver, Mercacarrey, Marvercarr, Publicidad Akkira y Gman Business.
Todas esas empresas también fueron utilizadas en los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013, por su antecesora Gina Domínguez, hoy presa y con un proceso penal.
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