Por Andrés Timoteo/Texto Irreverente
LA PANTOMIMA
Dentro de quince días, el 25 de octubre, la Comisión de Justicia Partidaria del PRI dará audiencia al todavía gobernante estatal, Javier Duarte de Ochoa, para presentar pruebas y alegatos en su defensa en el marco del proceso de expulsión que se le instruyó. Hay que recordar que el pasado 26 de septiembre, la misma instancia le suspendió temporalmente sus derechos como militante luego de que se le investiga por enriquecimiento ilícito y peculado.
La diligencia que viene sería mera formalidad pues la decisión de sacar al cordobés del partido ya fue tomada por Los Pinos. En realidad la expulsión y el procesamiento penal de Duarte de Ochoa no son actos de justicia por violar los estatutos del tricolor sino parte de la estrategia para ‘desatanizar’ al partido, ahora considerado como refugio de corruptos, delincuentes de cuello blanco y saqueadores del erario público. Si de ética y justicia se tratara, entonces el PRI tendría que expulsar a todos y se quedaría sin jerarcas ni militantes.
Duarte es la pieza estelar de esa maniobra para tratar de impedir el voto de castigo masivo en las elecciones presidenciales del 2018, además de que le servirá al presidente Enrique Peña Nieto para “legitimar” –si es que puede- el famoso Sistema Nacional Anticorrupción y de paso opacar los escándalos de ese mismo tipo que lo envuelven a él, a su esposa y a sus allegados. Es decir, no hay margen de maniobra para que Duarte de Ochoa evada su destino ya que permitir que escape de la guadaña partidaria y judicial sería abonar al desprestigio del tricolor.
Y para que Duarte termine en prisión y sea alzado como ejemplo, ante es necesario tenerlo fuera del Revolucionario Institucional. De ahí el proceso acelerado de su expulsión aunque ésta sea, en términos generales, meramente cosmética porque el gobernante veracruzano nunca fue militante ni un activo real dentro del partido. Su ingreso al PRI fue coyuntural y tramitado por el innombrable exgobernante que lo antecedió pues era un requisito para convertirlo en su sucesor, el guardaespaldas transexenal.
Recientemente, otro cordobés y exmilitante del tricolor, Dante Delgado Rannauro, se mofó de este mismo proceso de expulsión al decir que ser el “cargamaletas” (del innombrable) no significaba ser militante priísta ni tener cualidades para el cargo donde lo impusieron. “Se lo dije hace años, dije que Duarte me daba ternura que fuera tan tonto. Era una persona que no estaba preparada para ser gobernador porque no se puede pasar de cargar un portafolios a (ser) gobernador”.
De ahí que el PRI expulsará a un militante que nunca lo fue, vaya pantomima. A la vez, con la exclusión de Duarte, el priismo veracruzano también está ‘descabezado’ pues el gobernante en turno era considerado en la rancia ortodoxia como el “primer priísta” del estado y el “gran elector”, pero hoy no tiene figura ejemplar ni hay quien supla ese vacío. La dirigencia estatal que todavía encabeza el vetusto y mañoso Amadeo Flores Espinosa está pasmada y él mismo no es, ni por asomo, figura decente para encarnar al priismo doméstico.
Tampoco los senadores José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes, cuyo peso no es suficiente para erigirse como figuras morales ante el partido. Mucho menos el innombrable que desde Barcelona intenta apoderarse de los despojos partidarias impulsando a los diputados fidelistas Jorge Carvallo y Erick Lagos como dirigentes del mismo. En resumen, el PRI en Veracruz está hundido en plenos umbrales de los comicios municipales porque el proceso para la elección de 212 alcaldes debe iniciar entre el primero y el 10 de noviembre. Ya no hay tiempo para su recompostura. Duarte ya se lo llevó al baile.
LOS EMBUTIDOS
Por fin reaccionaron los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al rechazar, al menos públicamente, a personajes que la fidelidad les pretendía incrustar para que fueran postulados en los comicios del 2017. El líder estatal del blanquiazul, Jesús Mancha, aseguró que su partido no dará cobijo como aspirantes a los exalcaldes de Jalapa, Ricardo Ahued y David Velasco, quienes ahora se visten de críticos en el tricolor pero que fueron sirvientes devotos del innombrable cuando se desempeñaron como ediles de la capital del estado. Ambos fueron cómplices del impresentable al nivel de la ignominia.
Uno, dicen los viperinos, hasta le cedió en su momento a su conyugue, de la cual ahora está divorciado y otro toleró que su familia fuera tomada como “rehén” para usarlo como instrumento electoral. Fue un hecho comentado en los círculos políticos jalapeños –y al menos a la fecha no ha sido desmentido- que cuando uno de ellos se negó a participar en una campaña electoral, manifestando su rechazo frente al gobernante en turno, entonces uno de sus hijos fue secuestrado por un grupo delictivo que amenazó con regresarle el cadáver mutilado.
Desesperado, el exalcalde acudió a palacio de gobierno y pidió audiencia con el innombrable, quien al recibirlo en su despacho le habría soltado a boca de jarro: “¿Ahora si vas a ser nuestro candidato?”. Y así fue, el exedil aceptó la nominación priísta y su hijo fue devuelto con vida. El tipo no tuvo ni valor ni dignidad para exponer el chantaje mortal del que fue objeto y, agachado, se plegó al innombrable. Nunca alzó la voz en su contra pese a que le mandó a plagiar a su propio heredero, según lo que cuentan los jalapeños.
Por su lado, Manuel Huerta, líder de Morena no cerró del todo la puerta a los fidelistas, uno de ellos el todavía diputado Francisco Garrido, pero dijo que solo lo recibirá para realizar el aseso de sus instalaciones. Lo grave es que lo recibirá. No es de extrañar ya que en Boca del Río, Morena tiene de dirigentes y futuros aspirantes a fidelistas cercanos al exalcalde Salvador Manzur y las maledicencias aseguran que también se atrevería a postular a Alberto Silva como candidato a la alcaldía de Tuxpan. Serían los embutidos que Morena debe permitir porque ya le fueron pagados con el financiamiento que palacio de gobierno le dio en este 2016.
Envoyé depuis Paris, France
Editorial
