La bomba esta por estallar…la segunda semana de junio
Por Edgar Hernández/Línea Caliente
Solventados en buena medida los faltantes por siete mil millones de pesos de la cuenta pública 2013, la Auditoria Superior de la Federación tuvo que acudir sin embargo a la PGR para deslindar responsabilidades penales por faltantes en las cuentas 2011 y 2012 no aclaradas.
El senador José Francisco Yunes Zorrilla, sin quitar el dedo en el renglón insiste ante este columnista que si bien están en revisión las cuentas de 2013 “la Auditoría Superior de la Federación ya dio aviso a la PGR sobre cuantiosos faltantes tras la revisión de los ejercicios fiscales 2011 y 2012, por dos mil 717. 9 millones de pesos y seis mil 254.20 millones de pesos”.
“La Procuraduría General de la República ya recibió el aviso para actuar”, adelanta el senador de la república, quien insiste en que “¡No habrá impunidad!”.
Así, en la picota se encuentran, según la Auditoría Superior de la Federación:
El candidato priista a la diputación federal Adolfo Mota, el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez y el ex secretario de Salud, Pablo Anaya.
Asimismo están bajo investigación quienes fueran responsables de la Secretaría de Finanzas, Fernando Charleston y Tomás Ruiz, al igual que Gabriel Deantes y el responsable del Seguro Popular, Leonel Bustos Solís, quien maneja 6 mil millones de pesos de presupuesto federal y los ex titulares de Sedesol Arturo Montiel Montiel y Alberto Silva, al igual que los ex presidentes municipales de Coatzacoalcos, Marcos Theurel y el de Córdoba, Francisco Portilla.
En la misma circunstancia y bajo sospecha se encuentran el ex Contralor General, Iván López Fernández, el ex auditor del Órgano de Fiscalización Mauricio Audirac, así como Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, actual responsable de ORFIS.
La Auditoria Superior de la Federación documenta ante la PGR ausencia de claridad en la rendición de cuentas en Veracruz, en faltantes por 2 mil 717. 9 millones de pesos correspondientes a 2012 y 6 mil 254.20 millones de pesos correspondientes al periodo 2011.
La simulación y presunto solapamiento de Orfis y la Contraloría de cara a la corrupción en áreas sustantivas de la educación, finanzas, la salud y la seguridad pública, así como el escandaloso desvío de recursos federales destinados a la lucha contra la pobreza, obligaron a la ASF a solicitar a la Procuraduría su intervención.
En el balance anual de la ASF bajo el título “Resultados de la Fiscalización Superior 2012″ se insiste en que de las 30 auditorías practicadas a la cuenta pública 2012, 16 son negativas, 6 tienen observaciones y 8 están limpias.
Es decir, más de las dos terceras partes guardan “responsabilidad administrativa”.
Las secretarías de Educación, de Seguridad Pública y la de Salud, al igual que la Secretaría de Finanzas no pudieron comprobar en 2011-2012 el destino de una parte de los “Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal” que entregó el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda.
En educación el bache incumbe para 2012, la no constitución y no equipamiento de los 32 consejos escolares para lo cual de destinaron 20 millones 145 mil pesos.
Asimismo se detectaron incumplimientos en infraestructura educativa no construida para los niveles básico y superior y no encontrar complementos de pago de nómina por un millón 774 mil pesos en números redondos que debieron ser entregados al Fondo de Aportación a la Educación Básica y Normal.
Tampoco se precisa claridad en la entrega de recursos federales transferidos para el fortalecimiento de la Educación Media Superior en el Colegio de Bachilleres, ni para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.
No se sabe además el destino real y monto de entregas de dinero a sindicatos magisteriales.
Sedesol, también es una cloaca.
Del universo que arrojan las 16 negativas de la ASF hay instancias que destacan por el monto y presunto desvió presupuestal de la Secretaría de Desarrollo Social.
El gobierno del estado recibió en el 2012, 631 millones 988 pesos, de los cuales solo destinó 22 millones de pesos a obras o acciones que por cierto “no benefician directamente a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema”.
De la misma cifra entregada “352 millones de pesos no cuentan con documentación comprobatoria y se desconoce su destino por lo que se presume que no fueron ejercidos a la fecha de revisión al 31 de agosto de 2013″.
Por tanto la ASF concluyó y así lo hizo saber a la PGR, que “El Gobierno del estado de Veracruz no cumplió y merece un dictamen negativo sujeto a deslinde de responsabilidades”.
El otro rubro bajo sospecha es el destinado a la Seguridad Pública. La auditoría financiera con “Enfoque de desempeño” (12-A-30000-14-0605 GF-489) de la ASF en torno a la revisión de la cuenta pública 2012, no está conforme con las transferencia de 356 millones 777.9 miles de pesos para Seguridad Pública.
Y es que los resultados determinan que “258 millones 761.70 pesos no se encontraron en cuenta bancaria específica destinada a la administración de los recursos FASP y tampoco contaron con la documentación comprobatoria de gastos; además se registraron 58. 5 millones de pesos en penalizaciones no aplicadas”.
La ASF considera consecuentemente, que no se cumplió”, puntualiza el documento.
En una segunda entrega a Seguridad Pública por 53 millones 273. 1 miles de pesos “no hay reintegro a la Tesorería de la Federación de recursos por 49 millones 352, 5 miles de pesos que no fueron ejercidos, ni comprometidos al 31 de diciembre de 2012″.
Para el tema de seguridad hay un apartado de devoluciones de la propia SSP, pero no completadas al momento en que se reclamó la comprobación de los gastos.
Aquí se dio el fenómeno de reintegro de los dineros faltantes, pero una vez depositados fueron de nuevo retirados “solo fue una maniobra de documentos para actualizar fechas, pero no se cumplió con las devoluciones reclamadas”.
La de mayor rapacidad, sin embargo, es la Secretaría de Finanzas (periodo 2012) con las supuestas entregas de recursos financieros a la Secretaría de Salud.
La ASF considera que no cumplió al no transferir mil 174 millones de pesos, de los cuatro mil millones que debía recibir, destinados al Seguro Popular, medicinas y Servicios Sociales.
Finanzas retuvo además los rendimientos financieros generados por la retención, es decir, 648 millones 607 mil pesos por intereses bancarios.
Gabriel Deantes, fue el responsable en Sefiplan de ese manejo financiero.
La conclusión es que de la revisión de la cuenta pública 2012 “se determinaron 7 mil 740.9 millones de pesos como recuperaciones totales, de los cuales 5 mil 022. 9 millones fueron operadas y 2 mil 717. 9 millones de pesos se consideran probables”.
¿Probables?
La Auditoría Superior de la Federación concluye:
“Parte de las transferencias que hizo la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado se retiraron el mismo día de la transferencia sin que se acreditara documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente que este importe se utilizaría en 33 proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento autorizados a esa entidad federativa…”.
Le queda claro cuando define el uso y destino de los 36 mil 153. 2 millones de pesos entregados a Veracruz, mismos que fueron auditados tras lo cual se emitieron 163 observaciones que generaron 182 acciones de las cuales 68 fueron de carácter preventivo (recomendaciones); las restantes 114 acciones fueron correctivas: 5 para comprobación fiscal, 11 para aclaración, 36 con responsabilidad administrativa sancionatoria y 62 “pliegos de observación”.
Todo ello sin contar los 6 mil 178 millones de pesos de la cuenta pública 2011.
De ahí la inminente intervención de la PGR luego del proceso electoral del siete de junio próximo. Tic, tac…
Tiempo al tiempo.
Editorial
