El gobernador Miguel Ángel Yunes denunció en enero que pacientes del Instituto Estatal de Oncología recibían agua destilada lo que dio a pie a una investigación encabezada por la Ssa y la Cofepris.
Milenio Digital
En el caso de las quimioterapias falsas a pacientes con cáncer en Veracruz, la investigación realizada por la Secretaría de Salud arrojó que sí se adquirieron medicamentos apócrifos para tratar esta enfermedad.
A pesar de que el primer caso se detectó en 2010, la polémica salió a la luz en enero de este año con las declaraciones del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en las que acusó a sus antecesores Javier Duarte y Fidel Herrera por la compra, suministro y aplicación de medicamentos apócrifos y agua salina en lugar de quimioterapias para tratamientos de niños con cáncer.
Aquí un recuento del caso:
En 2010, a fines de la administración de Fidel Herrera Beltrán, una enfermera del Instituto Estatal de Oncología antes Centro Estatal de Cancerología «Dr. Miguel Dorantes Meza» reportó impurezas en un frasco de Avastín.
Hasta un mes después se solicitó el análisis del fármaco a Grupo Roche Syntex de México, S.A. de C.V., empresa que posee la patente del Avastín y esta respondió tres meses después que la composición del empaque no correspondía a un producto original Roche.
Sin embargo, pasaron varios años antes de que se abriera una investigación, misma que inició cuando se reportó el hallazgo de otro frasco con impurezas al que se le sumó la sospecha de la aplicación de pruebas para detectar el VIH/sida que no servían y la desaparición de medicamentos para el tratamiento de pacientes con esta enfermedad.
Declaraciones
En 2011, el Instituto estatal de Oncología le quitó a la empresa Especialidades Médicas del Sureste el contrato para suministrar las quimioterapias y se lo dio a otra con un domicilio similar que también era propiedad de la familia del diputado federal Jorge Carvallo Delfín, quien presuntamente ya era investigado por la PGR.
El 16 de enero de 2017, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, declaró que entre 2010 y 2014, los pacientes del Instituto Estatal de Oncología recibían agua destilada en vez de quimioterapia.
Poco después Antonio Nemi, quien fue secretario de Salud estatal durante la administración de Duarte, dijo que cuando llegó al cargo en 2013 presentó unas 400 denuncias sobre medicamentos falsos ante la fiscalía estatal y la PGR, pero después fue cesado. Nemi también declaró la muerte de al menos ocho niños con cáncer por ser tratados con medicamentos inadecuados.
El 18 de enero, Yunes reveló que una de las empresas que surtió al estado los tratamientos falsos contra cáncer facturó 109 millones de pesos en medicamentos.
Horas después, el secretario de Salud, José Narro, dijo que con el apoyo de la Cofepris, la dependencia iniciaría una investigación para esclarecer el caso de las quimioterapias falsas.
El 20 de enero, Yunes interpuso denuncias contra sus antecesores Javier Duarte y Fidel Herrera por la compra, suministro y aplicación de medicamentos apócrifos y agua salina en lugar de quimioterapias para tratamientos de niños con cáncer.
Fidel Herrera Beltrán renunció el 22 de enero al cargo como cónsul de México en Barcelona y aseguró que regresaría a México a enfrentar los señalamientos en su contra.
El 25 de enero, Narro informó que la Secretaría de Salud detectó 11 toneladas de medicamentos caducos y cerca de 47 mil pruebas para detectar VIH que no contaban con registro sanitario en el estado.
Por su parte, Yunes dijo el 30 de enero que los estudios comprobaron que durante los gobiernos de Herrera y Duarte se aplicaron 47 mil pruebas falsas de VIH/ sida a mujeres embarazadas.
Sin embargo, a pesar de que Narro reconoció ciertas irregularidades, el 31 de enero declaró que hasta ese momento no existía una sola prueba de la presunta aplicación de agua destilada en lugar de quimioterapias.
Asimismo, pidió al gobierno de Yunes la información que tuviera sobre este tema ya que las denuncias que la Secretaría de Salud federal presentó ante la PGR fueron por irregularidades por «varios cientos de millones de pesos».
Yunes insistió y denunció que durante la administración de Herrera y Duarte se crearon empresas fantasmas a las que compraron mil 800 millones de pesos en medicamentos apócrifos.
La Secretaría de Salud lo contradijo al día siguiente y reiteró que después de analizar 121 expedientes no había evidencia de que se hubieran aplicado quimioterapias falsas.
«En 2010 se detectó una ampolleta de Avastín adulterada, que no se aplicó a ningún paciente; ha sido la única ubicada», dijo la Secretaría de Salud.
Conclusiones
El 17 de febrero, la Secretaría de Salud presentó un informe final junto con la Cofepris en el que señaló lo siguiente:
-Encontraron 21 ampolletas de Avastín sin sustancia activa, que fueron adquiridas entre 2010 y 2011.
-Las ampolletas se compraron a empresas que no pudieron ser localizadas en los domicilios sociales que proporcionaron.
– Roche no reconoce a esas empresas como distribuidores autorizados.
-La Secretaría de Salud estatal además informó que otras cuatro empresas suministradoras de Avastín están siendo investigadas.
-Las secretarías de Salud federal y estatal determinaron que de 2 mil 55 personas que fueron atendidas en el Centro Estatal de Cancerología de Veracruz de 2010 a 2016, a 119 se les administró Avastín.
– Sin embargo, la Cofepris no especifica si se les aplicó medicamento falso.
-Se aseguraron 46 mil 984 de un total de 70 mil pruebas rápidas de VIH/sida que fueron adquiridas en 2012 a la empresa Comercio y Servicios Administrativos Integrales del Golfo S. A. de C.V. por un monto de 9.05 millones de pesos.
-La empresa no fue localizada en el domicilio social registrado, por lo que se presentó una denuncia de hechos ante la PGR.
– Aseguraron 23 toneladas de medicamentos caducos localizados en diferentes almacenes y establecimientos de la Secretaría de Salud de Veracruz.
De las irregularidades detectadas hasta el momento se ha informado a la Contraloría General de Veracruz para que finque las responsabilidades administrativas correspondientes a los servidores públicos que participaron en estos hechos.
AER
Editorial
