Por Andrés Timoteo/Texto Irreverente
REGINA, 5 AÑOS
Hace cinco años nos la arrebataron. Su muerte marcó al periodismo veracruzano, lo hirió brutalmente y sigue sin sanar. El de Regina Martínez fue un crimen de Estado, no cabe duda. Tal vez ejecutado por el brazo de la mafia pero evidentemente ordenado desde el poder. El delito que Regina cometió fue ser una periodista honesta, crítica y haberse colocado siempre del lado de las causas justas. Eso la llevó a la muerte porque en Veracruz y en México, informar mata.
Ya son cinco años de aquel fatídico 28 de abril del 2012 cuando su casa fue invadido los asesinos. Un lustro y no hay justicia. Al contrario, hubo la orden de palacio de gobierno para manchar su memoria, para denostarla con un investigación judicial sulfurada que buscó responsabilizarla de su propia muerte. La pesquisa fue manoseada por los procuradores de la injuria, Amadeo Flores Espinoza Y Luis Ángel Bravo Contreras, corresponsables del crimen por retorcer la investigación, alterar pruebas forenses y recurrir a un ‘chivo expiatorio’ para fingir la solución al caso.
El jefe de ellos y por ende responsable también de la impunidad y el lodo que se arrojó sobre la memoria de la periodista, Javier Duarte de Ochoa, sí está preso en Guatemala y con un proceso de extradición, pero no por los crímenes de lesa humanidad que cometió. Lo acusan de delitos financieros, pero su crimen más grave es humanitario. No solo fue Regina sino otros 18 compañeros periodistas los victimados bajo su administración. Ya no se hable de los ciudadanos muertos y desaparecidos, ¿cuántos son?, ¿3, 7, 15 mil?
A Duarte se le debe juzgar por esos delitos espantosos. Duarte, Flores Espinosa, Bravo Contreras y Arturo Bermúez Zurita, el malévolo exsecretario de Seguridad Pública, quien también está preso pero por delitos financieros, no por los humanitarios, saben lo que sucedió aquel 28 de abril del 2012, conocen a quien o quienes ordenaron asesinar a Regina, lo o los protegieron tal vez porque fue uno o varios de ellos mismos.
Esos exfuncionarios tienen información de ese crimen de Estado y el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, tiene la obligación de reabrir el expediente judicial y permitir que la justicia sea. Hoy, Yunes Linares lo puede hacer. Lo debe hacer. Tiene la posibilidad de acercar justicia a Regina Martínez y a los otros periodistas muertos y desaparecidos durante la fidelidad.
LA PRENSA CANALLA
El caso de Regina –como también en el de muchos otros colegas caídos- también permitió conocer la parte antropófaga de la comunidad periodística. Con Regina se ensayó lo que el periodista y escritor Eduardo Valera Cid llamó la “prensa canalla”, término acuñado en un libro en el que recopiló cientos de notas de revistas y periódicos publicadas para ayudar a la dictadura militar de Argentina (1976-1983), ocultando y hasta justificando los crímenes de lesa humanidad, incluidos los de 137 periodistas.
En Veracruz hubo –y hay- una “prensa canalla” que se ocupó de minimizar los asesinatos de los compañeros reporteros y se prestó para denostarlos. Ella propagó masivamente injurias contra los periodistas muertos para justificar sus homicidios y exculpar al gobierno estatal, tolerante, permisivo y quizás, participante en los ataques. Hubo columnistas y articulistas que difamaron a Regina, difundiendo gustosos el lodo oficial.
Algunos hasta se burlaban hirientemente en mensajes por las redes sociales:
“(Regina) está tirada como perra en una plancha y nadie la va a reconocer”, comentó burlona una periodista porteña allegada al innombrable. “Ya dejen descansar en paz a la muertita, ya no sean revoltosos”, publicó otro columnista jalapeño es el periódico de su propiedad, en cual atacaba furiosamente a los compañeros que realizaban concentraciones en la Plaza Lerdo, hoy Plaza Regina por designio popular, por la muerte de la periodista.
Otros fueron más allá, rebasando toda moralidad. Un reportero jalapeño que en días pasados fue sacado por la fuerza el del edificio del congreso estatal por golpear a un empleado, se alquiló como “testigo”, para declarar ante el ministerio público y reforzar la teoría oficial de que Regina llevaba una vida sexual disipada. Ese comunicador que ahora dirige cartas públicas pidiendo a la comunidad reporteril que lo defiendan, que es víctima de abusos de poder, figura en el expediente infamando a Regina. No tiene vergüenza.
Al mismo reportero, muchos compañeros – entre ellos Regina- dieron voz a su queja contra Juan Antonio Nemi Dib, quien siendo encargado del DIF estatal le arrebató un bebé que encontró abandonado en la vía pública, cerca de su casa, y al que pensaba adoptar. Se le respaldó cuando señaló que el funcionario había “vendido” al niño a una pareja italiana por 20 mil dólares –ahí las autoridades judiciales tienen otra veta de atrocidades que investigar del duartismo: el tráfico de neonatos practicado como negocio en el DIF de Karime Macías y Nemi Dib- y en cambio pagó con lodo y oprobio sobre la memoria de Regina.
Y la perla negra del clan antropófago es la exvocera del gobierno duartista, María Gina Domínguez Colío, quien hoy denuncia, quejumbrosa, una campaña de desprestigio en su contra luego de que la Fiscalía General del estado la investiga por enriquecimiento ilícito. Lloriquea la errática Domínguez cuando ella misma redactaba gustosa los comunicados oficiales contra Regina Martínez y hablaba con los directivos de medios para que se prestaran a difamarla. No tiene calidad moral para pedir justicia y trato digno.
¿Cómo se atreve a decirse víctima? Ella fue periodista y aun así usó el cargo para perseguir e injuriar a otros periodistas, sin importarle que muchos estuvieran muertos y no podían defenderse. La señora más que caníbal es carroñera, una muestra innegable de esa “prensa canalla” que tanto daño hace al gremio periodístico y a la sociedad en general.
Hoy, a cinco años, decimos que no hemos olvidado a Regina y aunque el grito sea un mero eco que pocos quieren escuchar: ¡Exigimos justicia!
Envoyé depuis Paris, France
Editorial
