Por Eduardo Coronel Chiu/Asuntos Públicos/AZ Diario
La debilidad política del gobierno de Javier Duarte en su etapa terminal se evidenció ayer cuando tuvo que instruir a sus operadores en el Congreso se retirara de la orden día de la sesión el controvertido nombramiento del fiscal anticorrupción –Francisco Portilla Bonilla– debido a que no pudo conseguir los votos necesarios para aprobarlo en el pleno.
Se encareció alcanzar la mayoría calificada –34 votos, las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. Le faltaron al menos 4 votos –se dice que tenían de su lado a 30 diputados, obvio del PRI y aliados, pero no todos los de este bloque se alinearon y la fisura advertida antes volvió a aflorar. Entre los diputados del PRI que no han querido avalar la propuesta del gobernador, clave para obstruir la acción penal en su contra y de su banda saqueadora, y garantizarles su plan de retiro con impunidad, se identifica a los dos diputados por Xalapa, los empresarios Ricardo Ahued y David Velasco, además de la diputada verde, Mónica Robles –integrante de la Comisión de Procuración de Justicia–, quien no firmó el dictamen favorable a Portilla; el verde priista Jesús Vázquez, de los cirilos de Acayucan y el de plurinominal regalada por el PRI, José Ramón Gutiérrez de Velasco, el José ratón.
Aunque el panista presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, declaró que había línea federal para retirar el asunto del fiscal anticorrupción, un punto de forcejeo entre Javier Duarte y el gobernador electo del PAN-PRD, Miguel Yunes Linares, se recuerda que por la protesta de éste, le echaron a los 400 Pueblos, no hubo tal injerencia. Tampoco que hubiera algún riesgo con la seguridad en el Congreso o por la permanencia de los manifestantes de los 400 Pueblos, éstos a favor de la designación, al exterior del Palacio Legislativo.
Duarte perdió (al menos ayer) el control de su bancada súper mayoritaria. Tuvo que replegarse y evitar que en el rechazo tuvieran que hacer una nueva convocatoria. Además, no se presentó el también cuestionado nombramiento de Gabriel Deantes, otro incondicional de Duarte, como comisionado del Instituto de Acceso a la Información (IVAI), por impugnaciones de los aspirantes, aunque se dice que posteriormente se presentará.
Sin mayoría calificada, en riesgo el pellejo
La mayoría calificada, los 34 votos, son la premisa de una buena parte del plan de blindaje pro-impunidad que impulsa Duarte para cubrir la retirada y dejarle obstáculos al próximo gobierno. Los necesita para retomar los nombramientos de Paco Portilla como fiscal anticorrupción y Gabriel Deantes para comisionado del IVAI, pero también para aprobar los nombramientos de los 3 magistrados de la sala anticorrupción del Poder Judicial, ayer creada.
Subasta de votos
El mercado de votos legislativos se va a la alza. No se duda que Miguel Ángel Yunes también este buscando la cooptación de los del bloque del PRI y Duarte.
Si no pone Duarte esos candados, sobre todo el fiscal anticorrupción, su impunidad y la de su enriquecida camarilla no estará garantizada. Del otro, lado, si Yunes no controla esa Fiscalía, su promesa y obsesión por encarcelar a duarte y demás saqueadores será casi imposible. Unos cuantos votos de diputados hacen la diferencia. En la subasta política, ¿quién da más?
La Sala Anticorrupción, innecesaria e inconstitucional
En el desgastado y cínico lenguaje político de Veracruz, el significado o referente de realidad no equivale al diccionario, menos al sentido común, a veces quiere decir lo contrario. Es el caso del esquema anticorrupción usado por el gobernador Duarte para evitar se le persiga penal y administrativamente por el uso corrupto de los recursos del estado. Si el fiscal anticorrupción es su barrera para contener la posibilidad de una acción penal, la sala administrativa anticorrupción, ayer aprobada por los diputados –sólo requería mayoría absoluta, 26 votos, obtuvieron 30–, es su protección contra sanciones provenientes de la Contraloría o del Orfis por incumplimientos de obligaciones como servidores públicos o por responsabilidad de resarcir daño patrimonial. Y también, incrustar 3 magistrados de última hora al Poder Judicial. Como lo saben los de ese poder, sobran magistrados, hay varios que no han sido adscritos (por ejemplo, los del desaparecido Tribunal Electoral), además de otros tantos como magistrados visitadores, que regularmente no hacen mucho.
Pero más grave e irresponsable es la violación constitucional de la iniciativa de Duarte y de la reforma a la Ley del Poder Judicial aprobada ayer por los diputados.
El transitorio quinto incluye un procedimiento inconstitucional para adscribir a los magistrados de la Sala Anticorrupción; disponer que proponga en una sola terna a los tres aspirantes para ocupar como magistrados de la sala especializada en materia anticorrupción (que deberán ser nombrados por el Congreso, al menos eso respetó), pero definirlos de antemano para ir en directo a dicha sala es una flagrante invasión del gobernador a las atribuciones constitucionales del Poder Judicial.
No puede alegarse ignorancia. Es muy claro. El artículo 56, fracción XIV, de la Constitución Política del Estado, establece entre las atribuciones del Poder Judicial “Adscribir a los magistrados a las salas correspondientes”. No hay excepción. Ni para la soberanía (locuaz) de Duarte.
Otras del fin de fiesta
La lluvia de ideas para que Yunes Linares no encuentre nada parece inagotable en ocurrencias, aunque de la legalidad poco se ocupan. En la lista de regalos –bueno para regalar lo que no es suyo y que no vaya a utilizar su enemigo cuando llegue al poder–, a los helicópteros y terrenos ya donados a la Fiscalía, y a los anunciados para el IPE, esos con problemas, se sumaron ayer los del propio domicilio del gobernador. Entró la iniciativa para donar la Casa Veracruz y los inmuebles aledaños a organismos constitucionales autónomos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Comisión para la Atención y Protección a Periodistas y para la Comisión de Atención a Víctimas de los Delitos. Lejos de la esfera jurídica de decisión del próximo gobernador.
Otras piedras ayer se revelaron; las reformas a las leyes del servicio público de carrera, para basificar a un buen número de empleados y que los que lleguen no los puedan remover, si no es bajo costosa liquidación.
Mala leche financiera, inconstitucional
Una de mala leche genial, pero inconstitucional, es retirar del control del próximo gobierno los ingresos por el impuesto del 3% a la nómina. Pretenden afectar los ingresos del impuesto al pago de adeudos a proveedores y contratistas (según lista desconocida que dicen haber anexado a la iniciativa al Congreso); no pagó Duarte lo que debía y para quitarle recursos al sucesor pretende crear dos fideicomisos, uno para recaudar el impuesto a través de cuentas bancarias, así que la Sefiplan no vería nada del ingreso, y otro fideicomiso pagador. El mecanismo malora contraviene el artículo 72 de la Constitución Política del Estado, el cual estipula en su segundo párrafo que “todos los caudales públicos pertenecientes al Estado ingresarán a la secretaría del despacho competente en materia de finanzas, salvo en los casos que establezca esta Constitución y las leyes. No se cumple este último supuesto de excepción, la reforma que pretenden es un decreto de creación de los dos fideicomisos y la afectación del impuesto a la nómina. El soberano (capricho de Duarte) ahora resulta que está por encima de la Constitución Política del Estado. Gobierna Duarte en su decadencia no un estado de derecho, sino su estado de desecho.
Editorial
