Por Andrés Timoteo/Texto Irreverente
Como ya se había expuesto, hay quienes esperan la coyuntura política pasa tratar de sacar provecho, medir fuerzas o, como mínimo, obtener la atención de las autoridades que iniciarán funciones en diciembre venidero. Tal es el caso de algunos concesionarios del transporte público que hace un par de días anunciaron unilateralmente el incremento en la tarifa del pasaje urbano.
Se trata de los afiliados a la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz (ASTRAVER) que encabeza el orizabeño Víctor Castelán Crivelli, quienes a partir de hoy sábado estarían cobrando una tarifa general de 10 pesos por el servicio, lo que significa el incremento de un peso al precio normal que era de 9 pesos y de tres pesos a la tarifa especial para estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados que pagan 7 pesos.
Es decir, súbitamente desaparecerán la tarifa especial para este sector de la población sin esperar a la autorización del Consejo Técnico Estatal de Transporte que rige el tarifario y las excepciones en la prestación del servicio de transporte urbano. Es una medida más escandalosa que efectiva y el destinatario de ese amago no es el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares sino el que encabezará el morenista Cuitláhuac García.
El gobernador Yunes Linares salió inmediatamente a leer la cartilla a los concesionarios abusivos: si aumentan el precio de la tarifa se cancelarán las concesiones y se entregarán a empresarios que estén dispuestos a brindar un servicio con apego a los acuerdos legales. No es una advertencia al garete y lo saben los mismos empresarios que amagaron con incumplir la ley.
Será muy muy arriesgado para ellos imponer una tarifa a contentillo porque se enfrentarán el escarmiento legal. Yunes Linares ha prometido no permitir tal abuso y se espera que, efectivamente, cancele las concesiones necesarias para quienes buscan sembrar el caos en el contexto de la renovación del gobierno. Ya se verá si los vivillos concesionarios se aventuran a cumplir el desafío.
Pero el trasfondo de la amenaza, como se citó, no es para la administración yunista sino para medir el terreno frente al gobierno entrante. Los transportistas quisieron tantear si había ingobernabilidad al final del gobierno actual para hacer de las suyas como sucedió en las postrimerías del sexenio duartista cuando todos hacían lo que querían porque el cordobés estaba más ocupado en huir que en atender la gobernabilidad del estado.
Ahora no hay tal escenario y con la fuerza pública obligarán a los concesionarios abusivos a respetar la autoridad. Eso sí, tal escarceo se podría repetir una vez iniciada la administración cuitlahuista, débil de inicio y sin experiencia en el ejercicio de gobierno. Los transportistas que hoy amagan con un caos volverán a hacerlo cuando esté en funciones el nuevo gobierno para ver que sacan a su favor.
Alguna vez se expresó la intención de esos vivillos: le tiran a la luna para darle a un zopilote. Si logran uncir a la nueva administración para sentarse a negociar nuevas tarifas en el pasaje, ya habrá ganancia para ellos. Tontos no son y estos señores pretenden seguir enriqueciéndose con las concesiones públicas -no son dueños del servicio sino meros permisionarios, hay que dejarlo en claro- invirtiendo lo mínimo.
Todos los usuarios han padecido la pésima calidad en el servicio del transporte urbano: camiones desvencijados, sin aire acondicionado, malolientes, choferes abusivos y groseros -algunos manejan alcoholizados o bajo el efecto de estupefacientes-, el riesgo permanente de accidentes por la temeridad con la que son conducidos, además de que las unidades son fuentes de contaminación permanente.
Por supuesto que no se justifica ningún incremento tarifario y solo las condiciones físicas de los autobuses y el trato de los choferes son motivo suficiente para la cancelación de los permisos oficiales. El ‘estirón’ que los concesionarios del transporte urbano hacen con la tolerancia oficial se les debe revertir, obligarlos a cumplir la ley y a ofrecer un servicio optimo y eficiente. Eso sería lo ideal.
Otros que están en la misma tesitura que los transportistas son los empresarios de la fidelidad que insisten en que el gobierno estatal les pague los negocios que Duarte de Ochoa les quedó a deber. Esos listillos formaron una agrupación hechiza llamada “Empresarios SOS” y ya hasta instalaron un reloj con cronometraje regresivo del presente bienio, pero todo eso no es más que un aspaviento.
Es un hecho que no lograrán cobrar los adeudos inexistentes en lo que resta de la administración y se quedarán con las ganas de sacar la última tajada de las transas que hicieron con funcionarios duartistas. Pero el escándalo que hace tiene como destinatario real al gobierno de Cuitláhuac García al que comenzarán a presionar para que les reconozca los cuestionables adeudos y les suelte el dinero exigido, o en su caso los reincorpore a los negocios con el presupuesto público.
Se sabe, por ejemplo, que el expanista Alejando Cossío ha planteado al próximo gobernante que si no le pagan los 52 millones de pesos que Duarte le quedó a “deber” entonces que lo vuelvan a admitir como “coyote” en la Secretaría de Salud para seguir gestionando contratos hacia terceros empresarios y obtener una “comisión”. Tal es su dedicación, mediar por contratos y quedarse con un porcentaje.
No es un empresario formal sino un intermediario y así viene haciéndolo desde el 2005 cuando el innombrable lo incorporó a ese esquema a cambio de renunciar al PAN y convertirse en un ariete contra Yunes Linares. El señor no da paso sin huarache y es bueno para el griterío, para eso se alquila desde hace más de una década.
Ya que a Yunes Linares no podrán obligarlo a que les pague esos millones de pesos por ni que los reincorpore a los negocios con el presupuesto público, la tirada es espantar al incipiente Cuitláhuac García, al que aparentemente ya le tomaron la medida. Lo que hacen hoy es un aviso de lo que harán al gobierno entrante para que restaure la vieja prácticas de hacer negocios al amparo del poder y les libere pagos por servicios o bienes nunca entregados a la administración estatal. En términos simples: buscan que lo robado sea considerado como algo lícito.
Envoyé depuis Paris, France
Editorial
