Se rebelan campesinos, contra terror en la Huasteca

Denuncian complicidad del Gobierno del Estado con  Cesar del Angel.


Por Ramón Rodríguez Rangel
Disidentes del Movimiento de los 400 pueblos denunciaron   complicidad del Gobierno del Estado de Veracruz, con  César del Ángel Fuentes, dirigente del autodenominado grupo  “De los 400 pueblos”, en la siembra de terror  en la Huasteca Veracruzana.
El grupo de  Cesar del Ángel se ha destacado por sus actividades violentas y por la impunidad con la que se conducen, para la invasión de tierras,  bloqueo de avenidas, y en mandar a sus integrantes a enfrentamientos con machetes y armas de fuego, para posesionarse de terrenos y despojar a sus dueños, denunció Damián Cuervo Mejía representante del grupo disidente.
Damián Cuervo Mejía, representa uno de los varios grupos que han sido desalojados violentamente de sus predios, en este caso en “El Guayabo” y “Nuevo Álamo” del municipio de Álamo, uno de los municipios rurales más grandes del país y con mayor índice de violencia.

Señaló que Cesar el Ángel ha  violado la ley gracias a la negligencia oficial de las autoridades competentes y de una procuración de justicia, que en algunos estados como Veracruz, sigue estando al servicio de los grupos caciquiles, de intereses políticos perversos y de los mismos delincuentes; menos al servicio de las víctimas, que es la ciudadanía. “De esta manera el pueblo permanece en estado indefendible ante los atropellos, la violencia y las faltas a la ley de lideres como César del Ángel opino.

El representante campesino dijo que la existencia de César del Ángel y su movimiento se contrapone totalmente al estado de derecho que debe imperar en todo México,  y que su operandis va también contra los derechos humanos fundamentales.

Recordó que César del Ángel se ha distinguido por mandar a sus agremiados,  hombres y mujeres a desnudarse en la vía pública, como manera de presión para sus objetivos políticos y económicos, falta así a la más elemental dignidad de las personas que representa.

El representante de los predios “El Guayabo” y “Nuevo Álamo”, Damián Cuervo Mejia, pidió a la Cámara de Diputados, como uno de los pocos espacios democráticos de este país donde el pueblo puede alzar su voz, su intervención, para frenar la barbarie que está imponiendo en la Huasteca Veracruzana,  César del Ángel.

Cuervo Mejia denunció uno de los múltiples actos delictivos de César del Ángel. Dijo que el 15 de febrero de 2008, el representante de los 400 pueblos apoyado por un grupo armado de su agrupación, así como por la policía municipal del Estado, los desalojó violentamente de sus predios. Desalojo que dijeron los campesinos agraviados, fue de manera ilegal porque ellos son los auténticos posesionarlos de esos terrenos, de los que inclusive han pagado recibos de luz eléctrica y predial.

Los representantes de los predios “El Guayabo” y “Nuevo Álamo” declararon,  que el anterior gobierno del estado solapó este y otros agravios cometidos por Cesar del Ángel y su grupo, por los compromisos políticos que tenia el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán con él.

Acusaron también a Reinaldo Escobar Pérez, Secretario General de Gobierno con Fidel Herrera, y actual encargado de la Procuraduría de Justicia del Estado con Javier Duarte, de quien dijeron, ha protegido, solapado y apoyado las operaciones ilegales de Cesar del Ángel, y últimamente a través del Sub Procurador de Justicia para la zona de Tuxpan y Álamo, Tomas Cristóbal Cruz.

Los inconformes manifestaron que el 5 de marzo del 2008 al manifestarse pacíficamente frente a la presidencia municipal de Álamo, el grupo de  desalojados de los predios “El Guayabo” y “Nuevo Álamo”, en lugar de ser atendidos en sus demandas de justicia,  la policía del estado los desalojó de la explanada publica.

Precisaron que en el desalojo resultaron heridos 26 campesinos, les quemaron 2 camionetas, bajando inclusive violentamente de uno de los vehículos a una señora embarazada junto con su hija, esposa e hija del campesino Ubaldo Juárez.

Indicaron que los represores después saquearon y quemaron 30 casas de la comunidad “El Guayabo”, robando y destruyendo el patrimonio de las familias que vivían en esos hogares, hechos que fueron denunciados según los inconformes, ante el propio Sub-Procurador de Justicia, Tomás Cristóbal Cruz, sin que a  la fecha se haya hecho justicia, sino por el contrario, los agraviados de César del Ángel fueron detenidos en abril pasado por elementos policíacos como “Probables responsables de delito de motín, cometido en agravio de la seguridad del Estado” como consta en la causa penal número 49/2011-11.”

Damián Cuervo explicó que por demandar  justicia en Veracruz, fueron reprimidos y detenidos como si fueran los terroristas y no las víctimas, con 25 patrullas y 300 policías cortando cartucho, quienes los esposaron y voltearon boca abajo en las patrullas llevándolos por caminos de terracería desde las 10:30 de la mañana que fueron apresados hasta las 3:00 de la mañana del día siguiente, que fueron internados en el reclusorio. En el camino recibieron amenazas de muerte  y tortura psicológica, esto durante las 17 horas que duró su cautiverio, sin que sus familias supieran nada de ellos.

Los representantes de los predios “El Guayabo” y “Nuevo Álamo” denunciaron también una posible complicidad por acción u omisión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuyos representantes como el Primer Visitador General, Jeyser Manuel Caso Molinari se han comportado ante la denuncia de los campesinos agraviados por César del Ángel y por las instancias de procuración y de seguridad publica del estado, como una oficina más dependiente del gobierno del estado y también al servicio de Cesar del Ángel ya que respondieron a la queja oficial presentada por los agraviados, mediante el oficio  222/2011, que el acuerdo de la denuncia fue archivado por “haberse solucionado la queja mediante los procesos de conciliación”.

Damián Cuervo señaló que esto es totalmente falso, porque no ha habido solución y mucho menos conciliación.

Los representantes de “El Guayabo” y “Nuevo Álamo” explicaron que César del Ángel los desalojó de los predios en 2008, al negarse a seguir encuerándose a la luz pública por objetivos políticos y económicos, ya que estaban cansados de que se les utilizara políticamente, dañando su dignidad y obligándolos a hacer cosas con las que no están de acuerdo.

Una vez conocida la negación de aceptar más encueramientos, el líder de los 400 Pueblos los amenazó de que sí no cumplían las órdenes se les desalojaría de sus predios,  y tendrían que aguantar la represión que  se les vendría.

Dijeron que para una marcha de encuerados se les obliga a llevar como mínimo seis gentes más para que se encueren, corriendo los gastos de la participación de las marchas a cuenta de los propios campesinos manifestantes, lo que consideraron como inaudito.

Cuervo Mejia informó que los campesinos desalojados por Cesar del Ángel han llevado más de 30 años luchando por sus tierras, mismas  que ahora les han quitado violentamente. Dijeron que han participado lo mismo en manifestaciones que en caminatas encuerándose junto a sus familias, pero que ya no quieren seguir en esa situación penosa e indigna.

Precisaron que al manifestar su interés por salirse de la agrupación, César del Ángel los ha desalojado de sus terrenos, quedándose del Ángel con 300 hectáreas que el gobierno de Dante Delgado, donó en su tiempo para ellos.

Comentaron que al pretender poner orden y legalizar sus predios, vino sobre ellos una violenta represión y abundaron que la mayoría de la gente que se desnuda y se dice seguidora de César del Ángel, es obligada  bajo amenazas. Detallo que atrás de los bailes de los encuerados hay dolor, humillación e impotencia.

Dijo que además de “El Guayabo” y “Nuevo Álamo”, en poblados como Chichicastla, y Allende,  César del Ángel ha corrido y desalojado también a machetazos y balas, a campesinos que se han negado a seguir participando en las marchas y en las invasiones de Cesar del Ángel.

En esos predios, los corridos no pudieron regresar a sus casas ni a sus terrenos porque César del Ángel tenía personas armadas que andaban buscando a los disidentes y bloqueando los caminos de acceso a esas comunidades, por lo que las familias desalojadas tuvieron que esconderse en el monte, sin que autoridad judicial alguna los protegiera de la violencia de “los 400 pueblos.

Damián Cuervo Mejia finalizó que  se ha dirigido al congreso federal, para que el poder legislativo asumiendo su función de defensor de la legalidad del estado de derecho, de la civilidad y de la paz, intervenga y se manifieste de acuerdo a sus facultades legales pero también a su responsabilidad social, para poner un alto a la impunidad y a la violencia de César del Ángel Fuentes y sus “400 pueblos”, que no son 400 porque casi todos se han salido de esa agrupación en desacuerdo con el proceder de su dirigente.

Los inconformes solicitan que se les haga justicia porque consideran que ninguna organización como tampoco ningún gobierno del estado puede actuar violando la Constitución Mexicana y las leyes que de ella emanan.

Los manifestantes solicitan también a la Procuraduría General de la Republica y a la Secretaria de la Defensa Nacional, se revise el proceder de César del Ángel quien reprime a ente indefensa con gente armada.

También pidieron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que realice directamente una investigación de hechos, e intervengan para salvaguardar la dignidad de los derechos humanos, no solamente de las mujeres, sino de todas las personas a las que César obliga a desnudarse públicamente.

Los  campesinos disidentes de los “400 pueblos” exigen que la Cámara de Diputados federal intervenga para que se les restituyan los predios desalojados de las comunidades de “el Guayabo y Nuevo Álamo , además de las casas que han sido dañadas o destruidas o de lo contrario se les indemnice por los terrenos que les fueron quitados ilegalmente. Piden la restitución de 84 viviendas y lo más importante, exigen se pare la violencia y el terror de Cesar del Ángel, porque la operación de los “400 pueblos” significa que el Estado de Derecho en Veracruz, es pura ficción.

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