Dra. Zaida Alicia Lladó Castillo

 


Hace 5 años, el debate estaba en su apogeo en la Asamblea Legislativa del DF. Mismo que finalmente concluyó en la madrugada del 26 de abril de 2007, cuando el Gobierno del DF publicó en la Gaceta Oficial, en su versión electrónica, el decreto por el que se reformó el Código Penal de la capital del país para permitir la interrupción del embarazo, hasta la décima segunda semana.


Los artículos que sufrieron modificaciones fueron el 144, 145, 146 y 147 del Código Penal para el Distrito Federal. Mientras que a la Ley de Salud capitalina se le adicionó un tercer párrafo al artículo 16 Bis 6, y el artículo 16 Bis 8.


La reforma estableció con claridad  en el artículo 144 que: “el aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación” y las sanciones contempladas, en el artículo 145 dejaba previsto que: “a la mujer que “voluntariamente” practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las doce semanas de embarazo son: de tres a seis meses de prisión o de cien a 300 días de trabajo a favor de la comunidad”. En el artículo 16 Bis 6 de la Ley de Salud se establece que “las instituciones públicas de salud del gobierno del Distrito Federal atenderán las solicitudes de interrupción del embarazo a las mujeres solicitantes aún cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado”. Además el decreto preveía que se estableciera que en un lapso de 60 días hábiles se expidiera la adecuación a los Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios de Salud relacionados con la interrupción del embarazo en el Distrito Federal y se promovieran convenios de colaboración para obtener recursos adicionales que permitieran atender el derecho de la mujer a la salud sexual y reproductiva.


Y después de este precedente, se vinieron en cascada los debates y las reformas a los códigos locales en algunas entidades, algunas repitiendo el mismo esquema que la reforma en el DF. Y las mujeres, pensaron que con ello ya tenían el asunto resuelto.

 


Pero después de casi 5 años de haberse aprobado dicho decreto, me han dejado sorprendida y muy, pero muy preocupada, las cifras que la Asamblea Legislativa ahora expone y que están en el centro del debate:


De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno capitalino, del 24 de abril de 2007 al 15 de diciembre de 2011 se realizaron 69 mil 861 interrupciones legales de embarazo, además de existir hasta ese momento 107 mil 450 solicitudes pendientes, es decir: 177,311 solicitudes en 5 años, que da un promedio de 35,462 por año en una sola entidad federativa. Ello sin cuantificar el número considerable de mujeres que acuden a las clínicas particulares no autorizadas por la Secretaría de Salud local, lo que impide el registro de esos servicios que son miles.


Los domicilios registrados por las pacientes atendidas de aborto, el 74.2 por ciento son habitantes del Distrito Federal y 25.8 por ciento residen en otras entidades federativas, mayoritariamente en el Estado de México. Es decir a raíz de esa reforma y en ausencia de esa protección en algunos Estados de la República, muchas mujeres viajan al DF a sometérselo.


Sin embargo los números dicen que, sólo el 64.5 % se lo ha realizado en hospitales de la Secretaría de Salud del DF y, en otros tipos de centros, el 35.5 por ciento. Y en este último porcentaje entran los centros particulares sin control, que muchas veces no cuentan con las instalaciones ni el equipo necesario para poder dar la atención de manera adecuada a una paciente o,  en caso de emergencia, carecen de respuesta rápida para sacar a una mujer en peligro de muerte.  Igualmente, el 56 por ciento de las mujeres reportaron ser solteras y el 44 casadas. El nivel de escolaridad, de las mujeres que están practicándose el aborto es alarmante: jovencitas de secundaria (30 %), preparatoria (60%) y el 10 % de nivel universitario. Es decir que las edades de las mujeres solteras, están fluctuando por lo general entre 13 y 20 años de edad.


Además, a esto se agrega que la elección de las mujeres, especialmente de las jóvenes, esta dependiendo de sus posibilidades económicas. Porque una intervención de este tipo puede costar: 3 mil 500 pesos cuando el embarazo es menor a tres semanas y hasta más de 6 mil pesos si es de 12 semanas. Lo que seguramente, para muchas jovencitas que cargan con el problema solas, les representa mucho dinero y entonces caen en los centros o clínicas improvisadas.


Así que como se ve, lo que se tomó como el gran logro para las mujeres “para decidir sobre su cuerpo”, pues resulta que ha caído en una práctica indiscriminada generando ahora otro tipo de problemas. ¿Y cuáles son estos?

 


1.-Que las jovencitas en el DF y sus alrededores, desde los 13 años  en adelante, con toda tranquilidad pueden quedar embarazadas sin mayor preocupación o remordimiento. Lo que puede llevar a dos extremos: que se acostumbren a ver este acto como cosa natural y lo hagan cuantas veces se les antoje con la seguridad de que serán siempre protegidas por la Ley aunque los riesgos sean altos en su salud y vida;  y por otra parte, que dicha práctica crezca como la bola de nieve, siga fomentando la comodidad de los varones y se contradiga el espíritu de una Ley que supuestamente se generó para proteger a las mujeres.


2.-Que si se esperaba que con ello se redujeran los riesgos de muerte, pues es una falsedad, porque éstos siguen siendo altos para las jóvenes. Porque una cosa es la libertad de decisión de las personas para abortar y otra, la solvencia económica con la que cuente, que por lo general, las lleva a buscar lo que esté más acorde a sus posibilidades, es decir lo más barato aunque pongan en riesgo su vida.


3.-Que a raíz de la reforma aumentaron las clínicas “patito” dedicadas exclusivamente a la suspensión de embarazos que operan sin el menor control de las autoridades de salud y que han proliferado en el DF desde 2007, incluso algunas ya se promocionan en los medios de comunicación exhibiendo sus anuncios periodísticos sin ningún escrúpulo, tales como: “¿problemas de embarazo no deseado?, te lo resolvemos, acude con nosotros”.


4.-Que quien pensaba que con ésto se les resolvía un problema emocional a las jóvenes y se evitaban las secuelas, pues también es falso, porque esta medida nunca fue aparejada con la información y orientación necesaria, no sólo para las mujeres sino también para los varones; porque en ningún momento se vieron resultados tangibles, ni del sistema educativo ni de salud,  de cambios en la cultura sexual de los jóvenes sustentada en valores en donde se enaltecieran las relaciones afectivas responsables y con compromiso. Y como eso no se ha tomado con seriedad en el DF, ahora ya se tome como moda hacia otros estados de la República y ello incremente los embarazos no deseados,  las prácticas sexuales irresponsables a temprana edad, la formación de hábitos abortivos, los contactos sexuales sin protección y por ende las nuevas formas de contagio de enfermedades de transmisión sexual, algunas de ellas mortales.


5.-Que el  dar por hecho de que el surgimiento de una Ley podía resolver el problema de la libertad sexual, craso error, porque los números no mienten y ahí están las cifras elevándose día a día. Lo que pienso que fue doblemente irresponsable por parte de quienes la aprobaron: los asambleístas, mismos que tienen la obligación de llevar un seguimiento de los datos y si se observa que se está provocando un problema de salud pública, se debe analizar y rectificar esa Ley en esa instancia urgentemente. Porque una Ley que promueve la permisibilidad y no el control ni la reflexión hacia la responsabilidad, es negativa por donde se le vea.


Por causas principalmente de salud,  muchas mujeres ahora adultas, fuimos sometidas a un aborto en algún momento de nuestra vida y el haber tenido esa vivencia, nos permite decir con seguridad: el aborto es acto aberrante, doloroso en lo físico y emocional, además de traumatizante, porque es mutilar “a un ser en una parte de tu ser” dentro de un acto clínico. Y eso para las mujeres-mujeres, será siempre una verdadera angustia y preocupación. Y quizás por esa razón vivida,  nos preocupa que esta práctica se esté generalizándose y ante una carencia de información y control de por medio, se convierta en una causa más de la desmoralización o degradación de nuestros jóvenes.


A todo esto, vale la pena preguntarnos ¿realmente el aborto despenalizado ha venido a favorecer en algo a los valores o a la salud reproductiva de las mujeres de México? ¿De verdad ha logrado que los jóvenes varones se vuelvan más responsables en su vida sexual? ¿Con ello las jóvenes reflexionaron, después de que se lo practicaron, sobre el valor de la concepción de una criatura que no llegó a nacer porque se degradó un acto sublime, a una simple “calentura” de los padres? La respuesta es NO.  


Estas estadísticas deben poner a pensar a los padres de familia, especialmente a los que tienen hijos e hijas adolescentes o muy jóvenes. Y también al Gobierno, tanto en sus políticas educativas para reforzar la orientación sexual en los centros escolares de nivel básico, medio y universitario,  y en las de salud, para que se tomen medidas urgentes en el control de las clínicas e intervengan en este fenómeno que ya adquiere señales de un problema de salud (física y mental) pública. Decir que es urgente parar esta inercia de desobligación y libertinaje, es hacer una llamado a tiempo porque ello lleva implícito el riesgo de que en nuestro país, se convierta el aborto en un método anticonceptivo “de buró” y lo utilicen las mujeres jóvenes indiscriminadamente, presionadas por lo general por varones irresponsables.

 



Es cierto, todo mundo tiene derecho a mandar sobre su cuerpo, sí,  pero cuando esté integralmente maduro, no sólo en lo físico sino también en lo mental y lo emocional, agregando a todo esto, el asunto de la solvencia económica. Y con todo respeto, tener esa madurez integral, es lo que le falta a la gran mayoría de nuestros jóvenes mexicanos, desgraciadamente.

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